La crisis que involucra a todos los poderes del Estado se ha degradado significativamente con lo conocido esta semana y cuestiona aún más nuestra viabilidad como país democrático y atractivo para la inversión.

Veo tres escenarios para el desenlace del “terremoto en el Ministerio Público”, como lo ha llamado El Comercio. Hago la salvedad de que estos pueden cambiar significativamente, de haber nuevas revelaciones sobre lo ocurrido.

El más probable: la de la Nación tiene que dejar el cargo en el corto plazo. En primer lugar, porque hay indicios muy importantes que la colocan como cerebro y principal interesada en que el tome una serie de decisiones que la protejan de investigaciones y que aseguren su permanencia en la función. A cambio de ello, habría negociado la impunidad de congresistas con investigaciones fiscales o denuncias. Al menos 82 legisladores están en esa situación.

Benavides debe, además, enfrentar múltiples frentes. Para empezar, el interno: los únicos dos fiscales supremos titulares de la junta que la eligió le han reclamado su renuncia. Todos los fiscales del equipo especial se han pronunciado en apoyo a su coordinadora. Asimismo, van dos fiscales designados para suceder a Marita Barreto que han declinado.

A su vez, el Ejecutivo, que se habría mantenido al margen, se convierte para ella en otro problema. Ello, por la manipuladora y torpe decisión de Benavides de hacer una denuncia constitucional contra Boluarte, Otárola y tres exministros por muertes en las protestas. Lo hace basada en un pésimo diagnóstico; a saber, el que su desgracia habría sido hechura del Ejecutivo. Quizás influyeron en esa evaluación los conflictos –en mi opinión, al más puro estilo mafioso– entre Otárola y Jaime Villanueva, el “filósofo”, en donde el primero acusa al brazo derecho de Benavides de estar detrás de las filtraciones sobre los contratos para sus amigas. Lo único que consiguió la fiscal de la Nación es tenerlos de enemigos, al punto que ya Boluarte ha declarado que Benavides ha perdido objetividad para continuar en el cargo.

Para completar este escenario, existe la posibilidad de que Villanueva, a quien ella despachó apenas estalló el problema, se acoja a la colaboración eficaz, comprensiblemente asustado de terminar como el chivo expiatorio de una estrategia que, según Barreto, se implementó a pedido y por necesidades de su jefa. Su dilema es simple: muchos años de cárcel o libertad, si dice y prueba lo que sabe.

En mi opinión, los congresistas, que ya hace tiempo cruzaron el Rubicón de la decencia y la dignidad –salvo pocas excepciones–, sí la quieren en el cargo. Primará el “que se investigue” y, en los más abiertamente involucrados, el “no conozco a ese señor”, hasta que el tiempo vaya imponiendo otras discusiones.

Un segundo escenario, no descartable, es que la fiscal de la Nación logra mantenerse en el cargo, al menos por un tiempo. La cautelar que ha presentado la JNJ para suspenderla temporalmente es rechazada en el Poder Judicial, donde tiene no poca influencia. Es más, ha apelado el pedido de la JNJ, ante la misma magistrada que ya la apoyó en dos ocasiones. En ese caso, aun con su legitimidad por los suelos, seguirá controlando la institución y, en particular, terminará de decapitar al equipo especial y enterrar las evidencias. En el Congreso, aterrados porque el agente especial de la fiscalía es uno de ellos, pero no saben quién y lo que habría contado, les convendría (esta vez) sostener que “hay que acatar las decisiones del Poder Judicial”.

Tercera posibilidad: la magnitud de la crisis genera una reacción ciudadana que termina en elecciones generales. De hecho, hay algunos pocos que en el Congreso han planteado esa necesidad. Pero ello requiere que Dina Boluarte renuncie y el Congreso convoque elecciones. Sin embargo, la presidenta está demasiado entusiasmada con los oropeles del poder y, a la vez, asustada por los riesgos judiciales, como para que ello se le pase por la mente.

Solo una movilización ciudadana muy grande, extendida y continua exigiéndolo podría cambiar ese escenario y hasta ahora no hay indicios de que ello vaya a darse.

Carlos Basombrío Iglesias es Analista político y experto en temas de seguridad

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