Más medicinas, menos burocracia

Si la oferta es mayor que la demanda, el precio baja; si la demanda supera a la oferta, el precio inevitablemente subirá, por más que dicten leyes, reglamentos, exoneren impuestos, se den subsidios o se emita cualquier medida creativa. Es una relación tan fuerte como la fuerza de la gravedad.

En los últimos años, diversas entidades como Cómex-Perú, Anacab, Indecopi, OPS, entre otros, han advertido que existe un serio problema de abastecimiento de medicinas; es decir, de oferta, en el sistema público de salud. Los pacientes que mayoritariamente se atienden en centros de salud y hospitales públicos no encuentran medicamentos en estos lugares y tienen que recurrir a establecimientos privados, donde gastan más.

Entre el 2019 y el 2023, el gasto de bolsillo en medicamentos pasó de S/344 a S/444 per cápita a escala nacional, 30% más (Cómex-Perú). Recientemente, en julio del 2024 el propio Minsa reconocía el desabastecimiento de al menos 120 medicamentos críticos, incluyendo insulina para diabetes, antirretrovirales para VIH y fármacos esenciales para enfermedades respiratorias y oncológicas.

Por ello, uno de los tantos frentes a analizar para mejorar el acceso a la salud pública es el de la oferta disponible de medicinas en su totalidad, tanto la que llega a anaqueles públicos como de farmacias y boticas privadas. Utilizando las referencias de la Digemid, existen Registros Sanitarios para cerca de 18.000 productos. En el 2021, Indecopi advirtió que existen “barreras que limitan considerablemente la disponibilidad oportuna de medicamentos en el mercado nacional”. Por su parte, la OPS, también en el 2021, enumeraba algunas de estas barreras como las demoras prolongadas en los procesos de reinscripción sanitaria en la Digemid, la duplicidad de requisitos y la ausencia de mecanismos eficaces de evaluación regulatoria.

En noviembre del 2023, la contraloría en diversos informes de control también advertía que existen más de 3.000 procesos de reinscripción de registro sanitarios demorados en la Digemid. Se trata de productos que ya tienen una trayectoria de consumo en el país y que en su momento realizaron estudios de seguridad clínica y sus laboratorios pasaron por evaluaciones de buenas prácticas de manufactura. Si estos productos no llegan a tiempo con la reinscripción, simplemente tendrán que salir del mercado, con lo que el propio regulador restringe la disponibilidad del producto, reduciéndose la oferta.

Veamos soluciones inmediatas. En estos días, en el Congreso se ha reactivado la posibilidad de que se apruebe por insistencia el proyecto de ley que genera una vía rápida alterna al largo proceso de inscripción de la Digemid (que puede demorar más de un año), para aquellos productos ya registrados en países de alta vigilancia sanitaria como Estados Unidos o Europa. Este proyecto fue observado por el Ejecutivo debido a la oposición de los evaluadores de la Digemid que, en realidad, pretenden justificar su control sobre este proceso sosteniendo que es necesaria la sobreevaluación para fines de calidad. ¿Por qué un medicamento autorizado por países de alta vigilancia sería un riesgo en nuestro país? Pura burocracia que reduce la competencia.

En una dirección similar, el congresista Ernesto Bustamante también ha presentado un proyecto de ley para acelerar la reinscripción de lo que los especialistas llaman productos maduros, medicinas con 20 a 30 años en el mercado sin reportes de incidencia negativa y que, además de ya ampliamente reconocidos por la población, en algunos casos contienen dos o más principios activos; procedimientos que también se encuentran entrampados en la Digemid, según he podido conocer. Nuevamente la burocracia reduce el acceso a la salud. Estas medidas no van a solucionar todo el problema de acceso a la salud, pero al menos debemos permitir que no se reduzca la oferta por razones burocráticas e intereses. Liberemos de permisos los productos conocidos y de países con alta vigilancia.