En una fecha como hoy, quizá sea bueno recoger algunos avances que puedan ser el germen de un cambio, de una esperanza, de un renacimiento. Para que la economía vuelva a crecer y la pobreza a decrecer, se necesita reformas en el ámbito laboral que no se están dando, pero por primera vez tuvimos un encuentro entre el presidente de la Confiep y el de la CGTP, y hubo una marcha conjunta de gremios de trabajadores y de empresarios contra la delincuencia. Allí puede estar el embrión de un “diálogo social” que lleve a discutir los problemas y las soluciones de manera sincera, siempre y cuando sea para liberar y no para proteger. De repente el Perú nos sorprende y eso se concreta.
Lo que sí está empezando a funcionar es un decreto legislativo dado en mayo pasado que vuelve obligatoria la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) a todas las normas que da el Ejecutivo, e incluso al ‘stock’ de normas. Esto es fundamental para reducir el asfixiante peso regulatorio sobre la actividad económica, porque permitiría eliminar o simplificar las normas que terminan arruinando a empresas pequeñas o medianas y desalentando la inversión. Claro, revisar las normas existentes sector por sector requiere recursos, y se estaría pidiendo un préstamo al Banco Mundial para ese efecto.
El Congreso debería acompañar este proceso derogando leyes obsoletas o que imponen cargas insostenibles. En esa línea, el Ministerio de Economía preparó un proyecto de ley para simplificar los regímenes tributarios, a fin de facilitar la formalización y el crecimiento de las empresas, pero no lo ha enviado aún al Congreso. Debió incluir allí una similar simplificación de los regímenes laborales, siguiendo la propuesta de la Cámara de Comercio de Lima y Macroconsult, pero no se ha atrevido.
La Secretaría de Gestión Pública de la PCM impulsa una Plataforma Interoperativa de Gestión Organizacional, que haría posible la creación de ventanillas únicas casi en automático. Pero quizá la reforma del Estado más importante es la que lleve a la implantación de la meritocracia a todo nivel. Y allí también hay buenas noticias, aunque hubieran podido ser mejores: se publicó anteayer un decreto legislativo que obliga a las entidades del Ejecutivo a completar los documentos necesarios para iniciar el tránsito al régimen del servicio civil, que es meritocrático, y da un plazo, pero no le pone los recursos necesarios. ¿El MEF no se da cuenta de que servidores públicos de calidad mejoran la productividad del país? Sin embargo, se implantaría las evaluaciones de desempeño para todos los servidores, independientemente de su régimen laboral. Será un gran avance.
El Gobierno desataría una corriente caudalosa de inversiones privadas si diera luz verde a Tía María, donde la resistencia es ahora mucho menor. El país lo reclama. Mientras tanto, la buena noticia es el impulso que luego de años de letargo le viene dando Proinversión a las asociaciones público-privadas. El 2024 las habrá por US$8.000 millones.
Pero no habrá inversión sustantiva si no se ataca el avance del crimen organizado y no se arreglan los problemas de la estructura política. Y allí también hay algunas buenas noticias. El paquete de decretos legislativos contra inseguridad contiene algunas normas positivas como las que le devuelven atribuciones de investigación a la policía, algo fundamental. Pero se necesita un liderazgo político para crear un tejido social fuerte contra las extorsiones, apoyado en inteligencia policial.
En lo político, tendremos lamentablemente 30 o más candidatos presidenciales, pero debe aprobarse la bicameralidad en marzo y también el impedimento a postular a quienes hayan cometido delitos graves. Hacen falta reformas para que empresas privadas puedan financiar de manera transparente centros de investigación en los partidos y campañas electorales, para atraer a los mejores a la política.
¡Feliz Navidad!