El centenario del Banco Central de Reserva, por Carlos Contreras Carranza

Antes del siglo XX, con la excepción de algunos países europeos, el control de los flujos monetarios en el planeta corría a cargo de casas de moneda o las autoridades de los ministerios o secretarías de hacienda. La generalización de los bancos centrales en la primera mitad del siglo pasado expresó, de un lado, la internacionalización de la economía y la política, que demandó una mayor coordinación entre los gobiernos, y de otro, el prestigio alcanzado por la economía como un saber especializado y técnico. La creación de los bancos centrales como entidades estatales, pero a la vez independientes de la gestión del Gobierno de turno, expresó la voluntad de contar con organismos en manos de expertos que pusiesen un instrumento tan delicado como la moneda a salvo de políticas cortoplacistas de líderes políticos desconocedores de las reglas de su manejo.

La fundación del Banco de Reserva del Perú, como se llamó en sus inicios, ocurrió entre los meses de marzo y abril de 1922, cuando se promulgó la ley de su creación y se instaló su primer directorio. Fuimos de los pioneros en América Latina, puesto que los países más grandes de la región, como Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia o Venezuela, fundaron sus bancos centrales en fechas ubicadas entre 1923 (Colombia) y 1964 (Brasil). Su tardanza tuvo que ver con la natural resistencia de los gobiernos a ceder una facultad tan importante, como la creación de dinero y el manejo del tipo de cambio, a un organismo que debía mantener cierta autonomía. En esta tierra de moches, incas y Pizarros, la apertura del banco central fue, en cambio, una manera de recortar el poder de la élite económica sobre la emisión monetaria.

¿Cómo se regulaba aquí la emisión antes de 1922? La tarea no estaba en manos del Ministerio de Hacienda ni de la Casa de Moneda, sino de una Junta de Vigilancia constituida en 1914, una vez iniciada la Primera Guerra Mundial. En dicha junta tenían asiento representantes del Poder Ejecutivo, el Congreso, los bancos y la Cámara de Comercio de Lima, pero los “cheques circulares” que emitían no estaban respaldados por el Gobierno, sino por los bancos de Lima, que disponían de las reservas en oro que garantizaban su convertibilidad al metal precioso, garante final de su valor. La creación del Banco de Reserva implicó devolver al Estado la función de garante del dinero circulante, así como el traspaso de las reservas de los bancos privados hacia la nueva entidad.

La fundación del banco de reserva fue un triunfo del presidente Augusto B. Leguía en su pulseo contra la élite civilista que dominaba la agricultura de exportación y los bancos de Lima. Cierto es que, como argumentan los voceros de dicha élite, fueron los bancos quienes salieron a emitir la moneda de emergencia que fueron los cheques circulares, debido al desprestigio que aún tenía entre la gente la palabra del Estado, a raíz de la experiencia que significó la última vez en que el Gobierno se puso a emitir dinero de papel. Precisamente el nombre de “cheques circulares” fue usado para evitar la palabra “billete”, de infamante recuerdo entre la población que vivió en el último cuarto del siglo XIX por estas tierras.

El presidente Leguía inició su Gobierno del “oncenio” con un ambicioso programa de obras públicas que sintetizaba en su eslogan: “en la costa, irrigo; en la sierra, comunico; en la selva, colonizo”. Para financiarlas, recurrió al endeudamiento con bancos estadounidenses. Estos pusieron como condición para los préstamos que el Estado Peruano crease un banco central que, a imitación de la Reserva Federal de Estados Unidos, garantizase la estabilidad del tipo de cambio de la moneda. La voluntad del nuevo gobernante de recuperar para el Estado el espacio perdido tras la derrota en la guerra del salitre, que implicó ceder políticas y facultades ante la élite económica nacional y extranjera, y la presión de la banca estadounidense y organismos internacionales confluyeron para la aparición de la institución que en unas semanas se apresta a soplar velitas.

Para conseguir la aprobación del Congreso, el Gobierno debió negociar con la élite económica, de lo que resultó una composición del directorio del banco con una fuerte presencia de los bancos particulares. Básicamente, era como si la Junta de Vigilancia hubiese cambiado de nombre. Ello llevó a que, tras la caída de Leguía, ocurriese una reforma de la institución, que pasó a incluir la palabra “central” y, lo más importante, cambió la composición de su directorio, disminuyendo la representación de los bancos.

En su primer siglo de vida, no ha sido tarea fácil para los conductores del Banco Central de Reserva del Perú mantener como el centro de su política la estabilidad monetaria. Las presiones desde el Gobierno y la clase empresarial para que la prioridad se vuelque hacia otras metas, a veces legítimas por sí mismas, pero no siempre congruentes con la estabilidad monetaria, culminaron en episodios inflacionarios como los de 1946-1948 y 1976-1991. En ese sentido, podríamos definir este primer siglo del banco central como el de un lento, y en ocasiones difícil, aprendizaje.