Mayo visto a través de los Editoriales de El Comercio

En un reciente discurso en el que celebraba la reinstauración, tras ocho años, de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Brasil, el presidente brasileño se dedicó a elogiar al régimen de Nicolás Maduro. Además, Lula aseguró que las críticas que se le hacen al dictador venezolano son simples “narrativas” de sus enemigos y que, para contrarrestarlas, bastaría con que difundiesen su propia versión de los hechos para poder vendérsela al mundo.

“Si [Lula] buscaba hacer de Brasil una voz creíble en el ámbito internacional, pues él mismo se ha encargado de sabotear ese objetivo esta semana, al hacer de valedero de un régimen dictatorial, violador de derechos humanos, corrupto hasta la médula y con vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico como el que dirige Nicolás Maduro en Venezuela”.

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Desde hace poco, conseguir un pasaporte en el Perú se ha convertido en un vía crucis. Acudir al aeropuerto 48 horas antes de un vuelo para tramitar un pasaporte de emergencia o recurrir a los tramitadores informales que encontraron la forma de hacer negocio a partir del desorden generado por Migraciones se convirtieron en las únicas formas, aparentemente viables, de conseguir este documento. El caos en la emisión de los pasaportes y los 17.000 que, según la contraloría, presentan fallas de origen obligan a hacer cambios en Migraciones. Muchos ciudadanos están siendo severamente afectados por este pandemónium.

“Se debería analizar el mercado para ver si existen alternativas a las empresas que hoy contrata Migraciones. Asimismo, en el caso de que las firmas no estén cumpliendo sus obligaciones, el Estado debería hacer valer sus derechos en el sistema legal internacional”.

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Tras colocar a una persona cuestionada como defensor del Pueblo, un grupo de legisladores apunta ahora al procurador general del Estado. El 8 de mayo, el legislador Jorge Luis Flores (Acción Popular), en coautoría con siete compañeros de bancada, presentó un proyecto de reforma constitucional “que fortalece la lucha contra la corrupción otorgando independencia a los procuradores del Estado y crea la Procuraduría General del Estado como organismo constitucional autónomo”. Como suele ocurrir con las iniciativas de los congresistas, sin embargo, esta puede sonar muy bien en el título, pero basta con hurgar un poco en su contenido y en el pasado de sus impulsores para detectar el peligro que lleva agazapado.

“Es necesario impulsar un cambio para blindar al cargo de procurador general de las embestidas del poder, pero la propuesta de los legisladores de Acción Popular no corrige esta situación; al contrario, corre el riesgo de empeorarla”.

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El Congreso volvió a proteger a cuatro de sus integrantes señalados por la fiscalía de haberse coludido con Pedro Castillo en lo que se conoce como el Caso de ‘Los Niños’. A pesar de que el Ministerio Público viene investigándolos por los delitos de tráfico de influencias y organización criminal, los parlamentarios optaron por la impunidad y el blindaje al rechazar un informe elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que, como su nombre lo indica, había recomendado acusar constitucionalmente a Elvis Vergara, Raúl Doroteo, Jorge Luis Flores y Darwin Espinoza, y suspenderlos de sus funciones en lo que duren las investigaciones contra ellos.

“Este desenlace indigna, pero no sorprende. No solo porque ratifica el espíritu de cuerpo que esta y otras representaciones nacionales han exhibido cuando se trata de sancionar a uno de los suyos, sino también porque estos cuatro legisladores ya habían sido protegidos anteriormente”.

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El nuevo titular de la Defensoría del Pueblo no exhibe los pergaminos mínimos para ocupar un cargo tan importante y sí, por el contrario, serios cuestionamientos. Tras una sesión en la que no hubo debate y en la que las dos únicas opciones eran igual de malas, el Congreso escogió, aunque con los votos justos, a Josué Gutiérrez como el nuevo defensor del Pueblo. Además de no tener ninguna experiencia en temas de derechos humanos, justamente lo que más se requiere para ocupar un cargo de esa naturaleza, Gutiérrez ha protagonizado cuestionables episodios, como el de haber sido abogado personal del sentenciado por colusión Vladimir Cerrón o haber viajado, cuando se desempeñaba como congresista de la República, con el polémico hermano del expresidente Ollanta Humala, Alexis, a Rusia.

“Es importante no perder de vista estos antecedentes porque, además, Gutiérrez encabezará, en su condición de defensor del Pueblo, la comisión encargada de nombrar a los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia”.

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Tras la extradición del expresidente Alejandro Toledo desde los Estados Unidos, se esperaba que se consiguiera lo mismo para su esposa Eliane Karp, incluida también en las investigaciones por el Caso Ecoteva. Sin embargo, como se temía desde el 2017, cuando la justicia le dictó 18 meses de prisión preventiva, Karp consiguió escapar a su país natal, Israel, que no cuenta con un tratado de extradición con el Perú. Urge debe determinar qué demoras u omisiones permitieron que Eliane Karp escapara del alcance de la justicia peruana.

“Aunque esta huida anunciada no matará al Caso Ecoteva, sí lo comprometerá seriamente. Esperemos que no de manera definitiva”.

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A pesar de que las epidemias de dengue golpean a miles de peruanos cada año y de que los recientes fenómenos climáticos como las lluvias y el desborde de ríos propiciaron las condiciones perfectas para su proliferación, las autoridades esperaron una vez más a que todo se salieran de control para comenzar a actuar. Es imperativo que las autoridades y los ciudadanos empecemos a tomar medidas para contener una enfermedad que ya se ha desbocado en varias regiones del país.

“En pleno 2023 el dengue no debería cobrarse la vida de ningún peruano. Que este año haya matado a más de 70 y que tenga en jaque a varias ciudades del país es un drama que debería movernos a la acción a todos”.

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Tras conseguir la mayoría en la comisión encargada de redactar el texto para la nueva Carta Magna chilena, la izquierda presentó una propuesta parcializada, inclinada desproporcionadamente hacia sus intereses ideológicos y políticos antes que al justo medio que buscaba la mayoría de los chilenos. Tras el rechazo categórico de esta propuesta a través de un referendo, le toca a la nueva comisión, constituida esta vez principalmente por grupos de derecha, redactar una segunda propuesta. El remozado órgano tiene la responsabilidad de no repetir los yerros de su antecesor.

“Lo que el país demanda es, a juzgar por los últimos resultados electorales, una Constitución bastante menos radical de lo que quienes impulsaron su reelaboración quisieron hacer creer en un primer momento”.

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El golpe de Estado propiciado por Pedro Castillo y su posterior vacancia y detención desembocaron en una asonada de protestas que terminaron con la vida de alrededor de 60 peruanos. Ante ello, no pocas organizaciones han presentado informes en los que se revela un uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos efectivos policiales que buscaban contener las violentas manifestaciones. El Gobierno de Dina Boluarte ha negado dichas acusaciones, pero las evidencias que se han conocido hasta ahora son un indicativo de que las autoridades judiciales deben esclarecer cuanto antes las responsabilidades por las muertes ocurridas entre diciembre y enero últimos.

“Los peruanos tenemos el derecho a conocer la verdad y las autoridades, el deber de tomar las medidas necesarias para evitar que hechos así puedan repetirse”.

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Por si los problemas internos no eran suficientes, a principios de mayo se vivió una fuerte crisis migratoria en la frontera austral del país. Cientos de inmigrantes indocumentados, en su gran mayoría venezolanos, intentaron ingresar al Perú tras haber sido expulsados de Chile. El Gobierno Peruano tampoco les permitió ingresar y el caos y el drama de los migrantes se desbordó durante días. Dada la persistencia y dimensiones de la diáspora venezolana, es sorprendente que hasta ahora la región aún no esté preparada para resolver este tipo de situaciones. Los países de América Latina tiene un deber humanitario de trabajar en una estrategia conjunta para acoger a quienes vienen huyendo de la dictadura que ha destruido Venezuela a múltiple nivel.

“Proteger la vida e integridad de quienes solicitan ayuda en momentos críticos no es solo un deber legal del país según tratados internacionales, sino también moral”.

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