¿Guillermo Lasso en la cuerda floja?

El presidente de centroderecha de Ecuador, Guillermo Lasso, está luchando por su futuro político: la Asamblea Nacional de mayoría opositora ha iniciado un trámite de juicio político contra él por supuestos cargos de peculado, y la votación para destituirlo podría tener lugar tan pronto como el mes próximo.

Pero en una prolongada entrevista esta semana, Lasso me dijo que planea contraatacar. Aunque su bloque tiene solo 25 legisladores en la Asamblea Nacional de 137 escaños, me dijo que probará su inocencia y que expondrá a algunos de sus acusadores.

Lasso me señaló que algunos de los legisladores opositores que buscan su juicio político tienen vínculos con el narcotráfico y la corrupción. Y dejó abierta la posibilidad de invocar una cláusula constitucional llamada “muerte cruzada” o “muerte mutua”, que le permitiría cerrar el Congreso y convocar a elecciones anticipadas, en las que los ecuatorianos tendrían que elegir tanto a un presidente como a un nuevo Congreso.

“Quieren verme afuera porque soy incómodo para muchos de ellos... por la lucha frontal de mi gobierno contra el narcotráfico y también contra muchos grupos acostumbrados a llevar a cabo actos de corrupción”, me dijo Lasso.

Lasso, cuyos índices de popularidad se han desplomado y en febrero perdió un referéndum que había propuesto con la esperanza de obtener apoyo para varias de sus políticas, está siendo acusado por legisladores opositores en relación con los contratos de la empresa estatal de transporte petrolero Flopec con una empresa privada proveedora de servicios de carga marítima.

Pero Lasso me dijo que los dos contratos gubernamentales que investiga la asamblea fueron firmados antes de su mandato. Uno de los contratos se firmó en diciembre del 2018, y el segundo, en diciembre del 2020, mucho antes de que asumiera el cargo en mayo del 2021, aseguró.

La mayoría de los legisladores que exigen el juicio político a Lasso son miembros del partido del expresidente populista Rafael Correa, quien gobernó durante la bonanza petrolera de Ecuador entre el 2007 y el 2017. Correa ha sido condenado a ocho años de prisión por cargos de corrupción, entre otras cosas, por el escándalo de sobornos de Odebrecht, y ha huido del país.

La baja popularidad de Lasso se debe en gran parte a la indignación de los ecuatorianos por el aumento de la criminalidad. Según Insight Crime, un grupo de expertos de EE.UU., la tasa de homicidios de Ecuador se disparó en un sorprendente 86% el año pasado.

Lasso afirma que la razón del aumento de la violencia es que su gobierno ha confiscado 400 toneladas de drogas, en comparación con un promedio de 30 toneladas durante los gobiernos anteriores. Eso ha provocado una guerra entre bandas de narcotraficantes por una disponibilidad cada vez menor de drogas, que está elevando la cantidad de homicidios, me dijo.

No voy a opinar sobre si Lasso es culpable o inocente de lo que los legisladores de la oposición están tratando de acusarlo, porque no tengo suficientes datos para hacerlo. Eso es algo que deben decidir los legisladores ecuatorianos. Si hay méritos para un juicio político, deben proceder.

Sin embargo, no puedo dejar de mencionar la hipocresía de los legisladores de la oposición correísta, que quieren destituir a Lasso por presuntos actos de peculado cuando no ha sido sentenciado por esos cargos por ninguna corte, mientras se niegan a denunciar a su propio jefe político, Correa, que ha sido condenado a prisión en una sentencia que fue ratificada por la Corte Nacional de Justicia.

Si se prueba que Lasso es culpable de irregularidades durante su mandato, debería ser acusado y, si se prueba su culpabilidad, condenado. Pero si los legisladores correístas que quieren tumbar a Lasso quieren ser tomados en serio, deberían empezar por denunciar a su propio jefe político, Correa. De otra manera, parecen muy incongruentes.

–Glosado y editado–

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