Ilegalidad y tolerancia ciudadana

El informe del Barómetro de las Américas “El pulso de la democracia en el Perú en 2023″, del Proyecto Lapop, consorcio multinacional especializado en encuestas de opinión coordinado por Vanderbilt University (EE.UU.), trae un revelador capítulo que recoge datos sobre las percepciones de la población peruana acerca de las economías ilícitas.

En el informe se constata que “el 18% reporta que la economía de su departamento ha crecido debido al narcotráfico y el 20% que ha crecido debido a la minería ilegal. Estas son las dos principales economías ilegales según el impacto que reportan los ciudadanos en la economía local” (p. 31). Y en cuanto a esto último, “si bien es cierto que la mayoría de peruanos opina que las economías ilegales no han tenido impacto (45%) o que el impacto ha sido negativo (42%), existe un nada despreciable 13% […] que reporta que […] han tenido un impacto positivo en el desarrollo de su departamento” (p. 31).

En el informe, se especula sobre el porqué de la percepción positiva del 13%: “Es plausible pensar que este grupo de ciudadanos sea el que se beneficia económicamente de estas actividades ilícitas y que son parte […] de la cadena de estas economías, que van desde campesinos rurales hasta comercializadores urbanos […] Se asume que, para cierto sector de la población, las economías ilícitas representan una vía para incorporarse (informalmente) a la economía y generarse ingresos que de otra manera se les dificultaría obtener” (p. 33).

La constatación de que las economías ilegales impactan positivamente según un “nada despreciable” sector complejiza la definición del problema: zanjar con los graves problemas que acarrean no es un asunto solo policial o militar. Si las expeditivas declaraciones de estado de emergencia fueran estratégicamente efectivas, hubieran resuelto hace décadas retos similares en México y Colombia.

Tomando en cuenta la ventaja de tener a un 42% preocupado y a un 45% todavía “neutral”, urgen un diagnóstico actual y un plan estratégico. Cómo tratar de manera diferenciada a los ilegales y a los informales con voluntad de formalizarse. De qué manera lograr objetivos de corto plazo, como impedir que la economía ilegal siga ganando terreno, y de mediano y largo plazo, como mejorar la calidad de los servicios del Estado y optimizar la productividad de la pequeña propiedad rural. Cómo apoyar a quienes luchan en sus territorios, como las comunidades wampis del río Santiago (Amazonas). Con mayor urgencia aún, cómo proteger a los defensores del bosque de ser asesinados.