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La crisis que venimos atravesando como país ya no se circunscribe únicamente a los escándalos en el Ejecutivo y las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte. Salvo raras excepciones, no hay institución nacional que no venga atravesando una severa crisis.
Es inocultable, por ejemplo, que en el Ministerio Público desde ya hace un buen tiempo se ha desatado una guerra entre bandos en la que ambos hacen uso de todo lo que tengan a la mano para tomar o recuperar el poder si fuera el caso. Pareciera que eso de la “persecución del delito” ha mutado en persecución y venganza de unos contra otros. No hay tregua a la vista.
Crisis total, por Diana Seminario ( Ilustración: Victor Aguilar Rúa)
Si vamos al Parlamento, ahí la crisis tiene nombre y apellido. Desgraciadamente, no existe un día en el que los peruanos no tomemos conocimiento de un escándalo de algún miembro del Congreso. Si pensábamos que el recorte de sueldos por parte de determinados legisladores a sus trabajadores era lo último, el mal uso de la semana representación le hace la competencia. Esto se traduce en que, aprovechando los pasajes y viáticos que les otorga el Legislativo, los congresistas aprovechan para hacer tareas proselitistas. Isabel Cortez, Flor Pablo y Pasión Dávila han incurrido en esta irregularidad.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) no se queda atrás. Tras la destitución de dos de sus siete miembros titulares, la JNJ quedó con cinco miembros hábiles de siete; los suplentes se han negado a ocupar los puestos vacantes. En adelante, las decisiones deberán tomarse por unanimidad, tal y como ocurrió el miércoles con la destitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.
A esto debemos añadirle los constantes roces entre el Poder Judicial y el Congreso. El más reciente fue el amparo concedido para que Aldo Vásquez e Inés Tello vuelvan a la JNJ pese a la destitución del Congreso. El Tribunal Constitucional tuvo que dirimir.
Y lo último es la demanda competencial presentada por el Ejecutivo para evitar que la presidenta Dina Boluarte sea investigada por el Ministerio Público mientras se encuentra en el ejercicio del poder.
“El fiscal de la Nación ha traspasado los límites de su función”, sostuvo el ministro de Justicia, Eduardo Arana, al explicar la demanda.
En un hecho insólito, el ministro de Justicia, que se configura en una especie de asesor legal del Ejecutivo, le llama la atención públicamente al máximo representante del Ministerio Público.
Esta crisis moral generalizada en las instituciones le hace un grave daño a la democracia. Desgraciadamente, no hay indicios de cambio.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Diana Seminario es Periodista
