El aislamiento de la presidenta

Terminada la reunión del APEC en nuestra capital, acaso desde la presidencia se aspiraba a que las encuestas de opinión reflejaran un aumento en la aprobación a la gestión. Sin embargo, la encuesta de noviembre del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), aplicada durante los días del APEC y los inmediatamente siguientes, muestra una desaprobación aún con tendencia creciente, que llega al 91% de los entrevistados, mientras que la aprobación se queda estancada, comprometiendo apenas al 5%. Y, si comparamos la evaluación del Gobierno en el momento actual con la de hace un año, estamos peor. Esto es natural, considerando que los encuestados perciben que la situación económica y política, y los problemas de inseguridad y corrupción empeoraron en el último año. Y, si bien las protestas convocadas durante los días del APEC no lograron desviar en lo fundamental la atención de este y la participación en protestas muestra una ligera caída respecto de noviembre del 2022, sí encontramos que un 70% se siente mucho o algo identificado con las protestas convocadas por los gremios de transportistas y comerciantes. Además, un 80% está de acuerdo con la afirmación de que “las protestas son necesarias para que el pueblo se haga escuchar”, mientras que solo un 13% declara estar de acuerdo con la frase “las protestas perjudican la imagen y la situación del país”.

Saliendo del pequeño “ojo de la tormenta” del APEC, la necesidad de definiciones en el seno del Gobierno se hace más evidente, así como sus limitaciones. La ineficacia en el combate a la delincuencia y a la violencia de género, y la ausencia de una política sobre la informalidad minera o respecto del futuro de Petro-Perú, ahondan la precariedad del Gobierno. Además, investigaciones por indicios de corrupción que afectan al núcleo más cercano de la presidencia, que ha tenido una muy mala respuesta, prácticamente “obligan” a los actores a marcar distancias, incluyendo al Congreso, cuyos niveles de aprobación son igual de bajos que los de la presidenta (un 90% desaprueba su desempeño y solo un 6% lo aprueba). Si bien Boluarte, sin apoyos propios, descansa sobre el respaldo difuso de un conjunto muy heterogéneo de intereses, donde el Congreso es esencial, tampoco tiene las cosas aseguradas. Por intentar quedar bien con todos esos intereses, termina dejando insatisfechos a todos. Diferentes sectores del Congreso, cuando menos, deben hacer pagar costos políticos a algunos ministros y, desde fuera, sectores conservadores le reprochan no saber marcar distancia de iniciativas que parecerían establecer la continuidad de la presidencia de Pedro Castillo.

La proximidad de las elecciones del 2026 resulta un arma de doble filo para la presidenta. En tanto falta poco, parecería inútil jugar la carta de una vacancia, porque ya no sería posible un adelanto significativo de las elecciones; además, es evidente para todos que ningún grupo político está listo para enfrentar el desafío de presentar candidatos a las elecciones de diputados y senadores, además de las regionales y municipales del 2026. De otro lado, la ineficacia gubernamental en la respuesta ante problemas urgentes deja siempre en agenda la posibilidad de una vacancia. En este escenario, en los primeros meses del 2025, una vez convocadas las elecciones generales, podría establecerse un gobierno de transición liderado por la presidencia del Congreso. ¿Se podrá evitar este desenlace?