El Estado debe apearse, por Jaime de Althaus

El objetivo de los paquetes económicos que viene dando el gobierno es destrabar principalmente las grandes inversiones, paralizadas por la sobrerregulación. Lo que es indispensable. Pero en algún momento habrá que avanzar mucho más allá y facilitar la actividad de los pequeños y medianos emergentes, que son la gran mayoría. Porque lo que para los grandes es una traba, para los pequeños es la imposibilidad absoluta de ingresar a la formalidad y crecer de verdad. 

Rafael Belaunde anotaba que el ministro de Energía y Minas se preocupa por simplificar los estudios ambientales de la exploración petrolera, lo que es correcto, pero no tiene cabeza ni tecnocracia para simplificar las normas para la miríada de mineros informales, a quienes se les exige requisitos imposibles de cumplir. Las normas están diseñadas para las grandes inversiones –y aun para ellas son excesivas– y no para las pequeñas. 

Lo mismo en todos los sectores. Las normas para poner una farmacia las puede cumplir, con dificultad, una gran cadena, pero no una botica. Por eso vemos a las cadenas comiéndose a las boticas. Para poner un nido los requisitos de infraestructura son tan costosos, que muy pocos pueden solventarlos. En agricultura, la inversión pública histórica está concentrada en grandes obras hidráulicas para la costa, y muy poco para la sierra, donde está la gran mayoría de agricultores pobres. Solo la tercera etapa de Chavimochic, por ejemplo, cuesta 574 millones de dólares. Con ese dinero se podría instalar riego por aspersión, un huerto y pastos asociados en todas las unidades agropecuarias menores de 5 hectáreas de la sierra (1’230.593), que saldrían completamente de la pobreza, y todavía sobrarían 140 millones de dólares.

En la industria y el comercio la formalidad es también solo para los grandes. Ni siquiera para los medianos. Las reglas tributarias y laborales son inmanejables: están hechas para la gran empresa, y ni aun así. Se ha dado un régimen especial para la micro y pequeña empresa, pero tiene fallas que lo hacen impracticable y, aunque lo fuera, el salto a la mediana empresa, al régimen general, es suicida. Por eso casi no hay mediana empresa en el Perú.  

El Estado, en general, se relaciona solo con las empresas grandes o relativamente grandes. Es una relación de amor-odio. Con el resto es la indiferencia. El gran esfuerzo de la Sunat, por ejemplo, está en los “principales contribuyentes”, a quienes se les exprime. Ahora mira un poco más abajo para ampliar la base contribuyente, pero presiona en lugar de facilitar, atraer, simplificar. La Sunafil estaba pensada para castigar a las grandes y medianas empresas, no para ayudar a formalizar el trabajo en las pequeñas. 

Incluso la policía y el Poder Judicial son buenos para resolver los grandes casos, pero nadie se ocupa de los pequeños delincuentes, que son la causa de que seamos los primeros en victimización en América latina. No hay un sistema para castigar el pequeño delito. No hay atención primaria de la justicia. Las comisarías son la última rueda del coche y no existen juzgados ni centros de detención municipales.