Corrupción "perucha", por Martha Meier M.Q.

La influencia de Rodolfo Orellana Rengifo en prácticamente todos los ámbitos del poder político solo puede darse en el Perú. Desde mediados del año pasado, empezó a ser denunciado por estafas, tráfico de tierras y apropiación de propiedades. Hoy está bajo el reflector. 

Sus tentáculos alcanzan a: Congreso, policía, fiscalía, Poder Judicial, notarios, Registros Públicos, gobiernos regionales y más. Se lo vincula a: tráfico de tierras, interceptaciones telefónicas, estafas, apropiaciones ilícitas gracias a una mafia de notarios, minería ilegal, lavado de ‘narcodólares’, extorsión y trata de personas.

Sus principales escuderos son Heriberto Benítez y Benedicto Jiménez. El primero “mánager” de Leonor La Rosa, espía montesinista, estafadora y “niña símbolo” del “rescate” de la democracia, a quien el gobierno de Toledo indemnizó con 300 mil dólares por las supuestas “torturas” de la “dictadura”.

El otro escudero es el “sheriff” Benedicto Jiménez, esa arpía encargada de distorsionar el hito que cambió la historia del Perú: la captura, en 1992, del cabecilla senderista Abimael Guzmán, durante el gobierno de Fujimori. Ambos, Benítez y Jiménez, están en una ONG de Orellana, y Jiménez en el pasquín “Juez Justo”, utilizado para difamar a quienes denuncian a Orellana y tapar sus fechorías. La corrupción al estilo “perucho” es surrealista y más increíble que la ficción.

La procuradora pública para lavado de activos, Julia Príncipe Trujillo, ha dicho que la “presunta” organización ilícita de Orellana está infiltrada en todos los ámbitos (un poco más hasta en la bodega de la esquina). 

Esto no pudo gestarse de la noche a la mañana, ni en los cinco años que Príncipe batalla solitariamente contra él. La procuradora ha denunciado que la fiscalía le da largas al tema, y todo señala al ex fiscal de la Nación José Peláez Bardales (recordado por no colaborar con las investigaciones de Estados Unidos, sobre los vínculos con el narcotráfico del clan de los Sánchez Paredes).

Hijo de un intelectual y militante aprista y con hermanos en puestos claves, Peláez –nacido en Chachapoyas– parece ser el flotador de Orellana en ámbitos fiscales y judiciales. La investigación a este hijo de Tocache alcanza a 53 personas y a más de veinte empresas, entre las que se cuenta Coopex, una cooperativa con convenio con el Congreso para otorgarle préstamos. Esa cooperativa no puede ser supervisada, pues varios fallos del Poder Judicial se lo impiden a la Superintendencia de Banca y Seguros y la Oficina de Supervisión de Contrataciones del Estado (OSCE).

En esto todo lleva a sospecha. Daniel Ramsay, por ejemplo, uno de los fundadores y directores de Coopex, es ahora de los principales asesores del fiscal supremo Peláez.
Finalmente, vale recordar que Orellana ha sido señalado por ‘chuponear’ a los adversarios políticos del presidente regional de Áncash César Álvarez, detenido por su presunto involucramiento en el asesinato del dirigente Nolasco.

Pero la cereza de este pastel es que Orellana fue acusado de interceptar las comunicaciones de Lourdes Flores cuando era candidata a la Alcaldía de Lima. ¿Recuerdan qué pasó? Se filtró el famoso ‘potoaudio’, que jugó contra Lourdes y le dio la victoria a Susana Villarán. ¿Encargo de...? ¿Quizá del humalismo que ahora apoya su reelección? Pregunto, no más.