Es indiscutible que la peor crisis política que el Perú ha vivido durante los últimos 20 años fue la revelación de toda la corrupción del régimen de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y su caída.
Entonces vimos cómo se lucró con la política, se compraron conciencias, se saquearon las arcas públicas y se despreció la democracia.
Ahora, 14 años después, la corrupción campea en las más diversas dimensiones, pero teniendo siempre al Estado como botín. Lamentablemente, la percepción de que esta es una práctica generalizada ha crecido.
Según una encuesta de Datum publicada en el diario “Perú 21” el último viernes, el 76% de peruanos cree que la corrupción ha empeorado en los últimos dos años, el 61% considera que el gobierno de Ollanta Humala no hace nada para solucionar el problema y el 92% cree que el nivel de corrupción en el país es muy alto.
Sin duda ha contribuido a generar esta corriente de opinión lo que en el último año ha venido ocurriendo al interior del país, donde a un presidente regional se lo acusa de asesinar a un opositor, a un alcalde le encuentran dinero en efectivo en un armario de su casa producto de cobros irregulares, y el abanderado de la lucha antiminera, Gregorio Santos, cumple prisión preventiva denunciado de haber entregado licitaciones a un amigo suyo previo pago de coima. Y como si eso no fuera suficiente, en Moquegua, el ex presidente regional Jaime Rodríguez vuelve a ganar las elecciones, pese a haber admitido que robó, pero que distribuyó.
Por eso haría bien el Ejecutivo en emitir señales claras de que esta administración sí tiene la voluntad real de desterrar la idea instalada que en este gobierno se ha empeorado en lo que a corrupción se refiere.
Sin embargo, resulta más bien desalentadora la ofuscación del gobierno –a través de sus voceros más mediáticos–, por la investigación del ilegal resguardo a Óscar López Meneses, y los indicios de que en Palacio de Gobierno aún hay mucho por responder y que el presidente Ollanta Humala haría bien en revelar las conclusiones de este caso, a las que –según él– ya se habría llegado.
No es coincidencia que la primera ministra Ana Jara, en un inusual ataque de agresividad, haya lanzado duros ataques a los investigadores de la comisión parlamentaria a cargo del caso, y que dos días después el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, haya salido con todo contra Alan García y Keiko Fujimori, como queriendo recordar que, si de corrupción se trata, hay otros gobiernos que –en su opinión– encabezan el ránking.
Tanto el gobierno como sus voceros harían bien en modular los decibeles y leer algunos números, como la encuesta de ayer precisamente publicada en este Diario, en la que el 63% de limeños cree que el régimen actual está involucrado en el Caso López Meneses.
Esta es la realidad. El enemigo no es la prensa ni la oposición. La corrupción en la administración pública, en todos sus niveles: nacional, regional y provincial, es a quien se deben enfrentar decididamente. No gasten balas en fantasmas.