Mesa servida

Ha concluido la segunda legislatura del período anual de sesiones 2023-2024. El balance para el país es, por decir lo menos, desalentador. Esta sensación se justifica por los casos de legislación específica sobre materias muy sensibles.

Uno de ellos, por ejemplo (pendiente de segunda votación), busca cambiar la legislación referida a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en la calificación de organización criminal y sobre lo referido a los allanamientos. Tan preocupante fue que originó un inusual comunicado conjunto de rechazo de seis gremios empresariales (Confiep, CCL, SNI y ÁDEX, entre los de mayor influencia política) y dos organizaciones sindicales (la CGTP y construcción civil).

Es que, como se avizoraba en esta columna cuando Alejandro Soto inició su gestión al frente del Parlamento, su propia elección era “más un síntoma que un diagnóstico”. En ese entonces, se anotaba que “solo en una dinámica parlamentaria como la instalada actualmente –llena de errores de apreciación en torno de la coyuntura política y de severas acusaciones en casi la totalidad del espectro político– alguien con tantos pasivos tiene espacio para una responsabilidad tan alta” (El Comercio, 17/8/2023).

De hecho, en el mismo espacio, se advirtió que el Congreso era “una seria fuente de incertidumbre y preocupación, sobre todo para la actividad económica”. La proyección, claramente, fue limitada: el riesgo resultó también político.

Superados los momentos de intranquilidad social por el cambio de liderazgo en el Gobierno (de Pedro Castillo a Dina Boluarte), se ha pasado a una dinámica, sobre todo en el último tramo, en la que el volumen congresal supera a la escasa voluntad del Ejecutivo y su capacidad de agencia.

Algo de ello se hizo evidente en la apatía con la que se enfrentó el último pedido de delegación de facultades, que tiene pendiente una segunda votación. Al desgano de los operadores políticos y parlamentarios del Gobierno, se sumaron los problemas sectoriales. En ese sentido, fue ilustrativo que en la misma semana en la que debía aprobarse dicha solicitud tres ministros (Economía, Transportes y Energía y Minas) enfrentaran interpelaciones.

Pero el caso más extremo entre los riesgos mencionados lo constituye, sin duda, el fracaso de la ley que impediría postular a cargos de elección popular a personas condenadas por graves delitos, una responsabilidad que alcanza a los grupos políticos más grandes y a la presidencia de la comisión. Lo concreto es que no hay votos para avanzar en la dirección que esta iniciativa persigue.

“Al señor [Antauro] Humala y a quien sea hay que ganarle en la cancha”, dice la congresista Patricia Juárez (“N portada”, 14/6/2024). Pero el problema, evidentemente, no es solo la presidencia. Al seguir todo igual, para la legitimación electoral del crimen la mesa está servida.