Una de las consecuencias de la inestabilidad política en nuestro país es el deterioro de las políticas públicas. La alta rotación de ministros ha dificultado la implementación de políticas públicas y, en varios casos, ha acelerado el desmantelamiento de equipos y procesos de trabajo que tomaron muchos años en consolidarse. Por ejemplo, según un análisis del periodista Martin Hidalgo (El Comercio), desde el 2014 el Perú ha tenido 15 ministros de Educación, con un promedio de ocho meses de duración.
Por otro lado, la deliberación sobre asuntos públicos e iniciativas legislativas en el Congreso de la República es débil, pues prima la defensa de intereses particulares sobre el análisis del costo-beneficio de las medidas legislativas para el bienestar general. Sumemos a ello una agenda mediática dominada por los escándalos del día, desde la política a la farándula, que dificulta el seguimiento de problemas públicos. Por otro lado, la comunidad académica tiende a hablar para sí misma, quedando mucho por hacer para ampliar los espacios de intercambio con especialistas basados en regiones y con la opinión pública nacional.
En este contexto, no es sorprendente que la discusión sobre los principales retos del país y sus posibles soluciones no tenga mayor presencia en el debate público. Las discusiones de fondo sobre políticas públicas son escasas y, cuando se dan, suelen ocurrir en espacios especializados o cerrados. Cada rotación ministerial suele generar cambios de equipo y, con ello, la pérdida de experiencia y conocimiento en la gestión pública.
Finalmente, si bien contamos con un importante acervo de conocimiento científico y académico relevante para mejorar la comprensión de los problemas públicos, son insuficientes los canales para conectar investigación con acción (por ejemplo, a través del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas).
Recientemente, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) han lanzado una iniciativa para contribuir a la generación de puentes entre conocimiento y políticas públicas, denominada “Diálogos sobre desafíos estratégicos del Perú”. A través de ocho sesiones públicas a realizarse durante el año, se busca aportar a la comprensión de problemas públicos y la identificación de posibles soluciones.
La primera sesión estuvo dedicada a la seguridad alimentaria, uno de los principales retos que enfrentan las políticas nacionales, en un contexto marcado por la emergencia del hambre y el aumento de la pobreza urbana y rural. Destaco tres ideas del debate en el que participaron Máximo Torero, Carolina Trivelli, Roberto Ugás y Fernando Eguren. Primero, es necesario ubicarnos en el contexto global y comprender los nuevos riesgos que enfrentan los sistemas agropecuarios, como por ejemplo el estrés hídrico y el cambio climático. Segundo, es urgente contar con una estrategia clara para responder a la crisis agroalimentaria y brindar mayor soporte a la pequeña agricultura familiar, cuyas condiciones de pobreza se han agravado en los últimos años. Tercero, existen una serie de experiencias de innovación tecnológica promovidas por productores a escala nacional que pueden inspirar mejoras en programas públicos vigentes (desarrollo productivo, inclusión económica, programas sociales, etc.).
Para incidir en políticas públicas desde la investigación, es necesario ir más allá de la evidencia per se para promover espacios de intercambio y aprendizaje mutuo entre investigadores, tomadores de decisiones y la opinión pública (Correa y Mendizabal, 2011). No es un proceso inmediato ni efectista, menos aún en contextos con alta inestabilidad política y debilidad institucional como el Perú. Sin embargo, es posible avanzar elevando el nivel de la discusión pública sobre los desafíos de desarrollo más urgentes (criminalidad, pobreza, productividad, crisis educativas, etc.) y renovar agendas de investigación tomando en cuenta las demandas de la realidad, incluyendo los nuevos retos y oportunidades emergentes en la sociedad y la economía.
* La autora forma parte del grupo impulsor de la iniciativa CIES-Concytec, junto con 17 especialistas.