Mientras los intercambios verbales entre el Ejecutivo y el Ministerio Público se intensifican, los delincuentes se frotan las manos. El absurdo conflicto de dimes y diretes en el que están enfrascadas las instituciones que deben liderar la lucha contra la criminalidad no tiene tregua. Los fiscales y el ministro del Interior andan distraídos disparándose pullas, al tiempo que los sicarios de los extorsionadores disparan y matan a los ciudadanos. Vivimos en un remedo de ‘western’ en el que los ‘sheriffs’ están concentrados en un duelo privado mientras los bandoleros asesinan y destruyen al pueblo.
Esta semana, un jalador de combis y un chofer de transporte público fueron asesinados por mafias de extorsionadores. Las empresas del sector se niegan a operar por miedo a las amenazas. El viernes, un policía fue muerto a tiros en Jesús María, a plena luz del día, por criminales motorizados. Poco a poco, como en los 80, el terror de una población desprotegida empieza a convertirse en parte de nuestra cotidianidad.
Enroscado entre las imputaciones, audios y chats de ‘Culebra’ –el apodo del capitán PNP que se ha convertido en el principal testigo en su contra–, y las investigaciones del Ministerio Público, el titular del Interior, Juan José Santiváñez, ha recibido esta semana efusivos abrazos de la presidenta Dina Boluarte. En política los gestos dicen mucho, pero también pasan factura. La cuenta puede llegar tarde, pero alguien tendrá que pagarla.
El carácter poco conciliador del ministro hace prever que el conflicto con la fiscalía tendrá para rato, para beneplácito de asesinos, chantajistas y cogoteros. El respaldo presidencial y las declaraciones del primer ministro Gustavo Adrianzén dan a entender que la permanencia de Santiváñez está relativamente asegurada. El debate seguirá centrado en el contenido de chats de conversaciones lumpenescas y no en el despliegue de estrategias para combatir a las mafias de la extorsión.