No cabe duda de que la pandemia ha generado enormes estragos en la salud y economía de las familias peruanas. De ahí la urgencia por reactivar la economía nacional y el empleo. La crisis originada por el COVID-19, además, ha aumentado la ya altísima tasa de informalidad de nuestro disfuncional mercado laboral. De cara al siguiente gobierno, esta situación debe obligarnos a reflexionar, no solo sobre las medidas de corto plazo para incrementar el empleo de calidad, sino también sobre acciones concretas y estructurales para cambiar este panorama.
En primer lugar, conviene revisar las características de nuestro mercado laboral, incluso antes de que sea golpeado por la pandemia. Lo primero que llama la atención es la alta tasa de informalidad: casi el 73% de la población económicamente activa (PEA) ocupada era informal hacia el cuarto trimestre del 2019. Esta situación no varió en los últimos años, a pesar del crecimiento económico. Así, el porcentaje de la PEA ocupada en empleo informal se redujo solo 7,3 puntos porcentuales (de 80% a 72,7%) entre el 2007 y el 2019. La informalidad es, además, un problema incluso mayor para las mujeres y los jóvenes. Por ejemplo, casi el 76% del empleo femenino es informal.
Ahora bien, uno de los factores que refuerza la prevalencia de la informalidad en el país es la elevada concentración del empleo en sectores de menor productividad. En el 2019, tres de cada cuatro trabajadores peruanos laboraban en dichos sectores, donde también se concentra el 90% de las microempresas, pequeñas y medianas empresas. Y es que, más allá del romanticismo por el emprendedurismo peruano, el tamaño de la empresa es esencial para lograr mayores niveles de productividad y, por tanto, empleo formal y de calidad. Por cada puesto de empleo formal en empresas pequeñas, hay nueve empleos formales en empresas grandes.
En este punto, una pregunta que cabe es si el nivel de informalidad del mercado laboral peruano es el esperado para un país de nuestras características. De acuerdo con mis colegas Pablo Lavado y Gustavo Yamada, la tasa de informalidad laboral debería ser 20 puntos porcentuales menor, dado el nivel de nuestro PBI per cápita. Según estos investigadores, existe entonces un “exceso de informalidad” en nuestro país y que se explica por condiciones más estructurales.
En estas circunstancias, ¿cuánto afectó la pandemia al empleo y las características de nuestro mercado laboral? Pues bien, como era de esperarse, hacia el segundo semestre del 2020, como consecuencia de las restricciones sanitarias, la PEA ocupada cayó en un 38% (es decir, alrededor de 6 millones de personas perdieron el trabajo) en relación al primer trimestre de dicho año. Como es evidente, este golpe ha sido durísimo y explica el vía crucis sufrido por los peruanos más vulnerables durante este último año.
A pesar de que a partir del tercer trimestre del 2020 se inició un proceso de recuperación del empleo, lo que también se ha observado es un cambio en la composición del mercado laboral. En ese sentido, el empleo informal es el que más se ha recuperado, a costa de los empleos de calidad; lo que representa un mayor nivel de precariedad de los puestos de trabajo. Para darnos una idea, al primer trimestre del 2021 se tiene una mejora en la ocupación laboral, pero con mayor participación del empleo informal, que tiene 500 mil empleos informales más en comparación con el mismo período del 2020.
¿Cómo puede enfrentar el próximo gobierno los retos en el sector laboral que impone la actual coyuntura? En mi opinión, solo puede hacerlo trabajando en dos frentes: con medidas concretas de corto plazo que impulsen la creación de empleo y reduzcan los efectos perniciosos de la pandemia, pero sin descuidar medidas y reformas de largo plazo que cambien las condiciones que generan este “exceso de informalidad”. Entre las medidas de corto plazo que pueden ayudar a paliar los problemas, no podemos dejar de mencionar programas de empleo temporal, políticas de formación laboral, programas para facilitar la adopción de tecnología de las pequeñas y medianas empresas e incentivos para la contratación de empleo formal.
En el largo plazo, corresponde colocar en el centro del debate nacional la productividad laboral. Ser capaces de entender que la informalidad puede ser comprendida también como la expresión en el mercado laboral de la desigualdad en la formación de capital humano. Lo que no pudieron aprender de niños, por una escasa calidad de nuestro sistema educativo, ya no lo podrán hacer cuando sean trabajadores, lo que los condenará a puestos de trabajo poco productivos. Por ello, a la par de la reducción de los costos y de la regulación laboral, es necesario que mantengamos reformas en el sector educativo (como la reforma universitaria y la carrera docente), que brinden a nuestros niños las herramientas necesarias para que sean capaces de enfrentar exitosamente su futura inserción en el mercado laboral. Y es necesario que sostengamos este tipo de reformas, aun cuando el largo plazo puede parecer hoy una quimera.
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