Los alcaldes y sus redes de corrupción

La semana pasada explicaba en este espacio cómo los alcaldes pueden convertirse en una gran barrera para el desarrollo de la inversión privada. En muchos casos, producto de la falta de entendimiento de la economía, lo que implica hacer empresa y los costos que la sobrerregulación genera. Pero la gran mayoría de las veces, es por corrupción.

La corrupción en el Perú es endémica, está en todos los niveles de gobierno y la enfrentamos en todas las actividades que realizamos como ciudadanos o como empresarios. Al tramitar licencias o permisos, en el reclamo de nuestros derechos y en la búsqueda de la solución de conflictos. Esto ocurre porque aún mantenemos instituciones que otorgan privilegios a unos cuantos, a aquellos sin escrúpulos que compran al poder de turno. Por eso la transparencia en la cosa pública es tan importante. Y aquí el rol de los medios para arrojar luz, allí donde las autoridades quieren oscuridad, es crucial, pero insuficiente. Como la corrupción es sistémica, la probabilidad de detección y sanción es baja, lo que constituye un incentivo perverso que alimenta la corrupción. Para luchar contra esta lacra necesitamos ciudadanos y empresarios comprometidos que se atrevan a denunciar.

Muchas de nuestras municipalidades son instituciones plagadas de corrupción, donde redes de funcionarios corruptos extorsionan a las empresas que operan en sus distritos. La extorsión ocurre cuando funcionarios públicos abusan de su posición para obtener pagos ilegales de empresas. Por ejemplo, a través de las repetidas inspecciones inopinadas, cobros indebidos, el cuestionamiento a las operaciones y la clausura temporal injustificada. En muchos casos por nuevos requisitos establecidos que no existían cuando las licencias y permisos fueron otorgadas o al aprovecharse del vacío legal que existe por temas de competencia o por no tener publicado el TUPA correspondiente. Y, pese a que el abuso es públicamente conocido, rara vez es denunciado porque no existe un sistema adecuado que proteja al denunciante. Los canales de denuncia son tan burocráticos y poco confiables que generan la percepción de indefensión e impunidad. El cierre de una planta industrial hasta regularizar lo observado puede costarle a una empresa millones de soles y, por ello, muchas empresas deciden no arriesgarse a las represalias que pueden sufrir si es que denuncian el intento de extorsión.

Frente a esta realidad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo reducimos la corrupción? Encareciéndola. Esto es, aumentando la posibilidad de detección y sanción de los actos de corrupción. Necesitamos un sistema de incentivos para que los empresarios y ciudadanos extorsionados puedan denunciar a los extorsionadores: (i) una autoridad responsable en cada institución pública y que no dependa de la cabeza de esa institución; (ii) canales claros para canalizar las denuncias que entiendan el sentido de urgencia; (iii) creación de una fiscalía penal especializada en casos de extorsión a empresarios; (iv) mecanismos de protección para el denunciante a fin evitar represalias; e (v) incentivos para el denunciante: un ‘fast-track’ para blindar y aprobar rápidamente el proceso que dio origen al pedido de coima. Hoy, tal y como está diseñado el sistema, es poco probable que alguna empresa denuncie. Primero, porque nada asegura que la denuncia será correctamente canalizada en plazos adecuados y, segundo, porque es muy probable que la empresa que denuncia reciba represalias (nuevas sanciones y extorsiones) por parte de los funcionarios corruptos.

La realidad es que en el Perú existen mafias de extorsionadores que operan desde los gobiernos locales y, al no existir un sistema de justicia adecuado, lo hacen impunemente. Desde el sector privado tenemos la responsabilidad no solo de no caer en su juego, sino además de denunciar a los extorsionadores y contribuir a reducir la corrupción. Las empresas pueden, también, impulsar, a través de sus gremios, los cambios normativos que permitan la creación de un sistema de incentivos como el descrito líneas arriba. Pueden, además, financiar campañas de comunicación que impulsen el cambio de comportamiento. Los peruanos convivimos día a día con la corrupción, sin entender siquiera nuestra responsabilidad. La principal arma contra la corrupción, además de un sistema de incentivos y la persecución y sanción adecuada, es el compromiso de los CEO y sus directorios. La empresa privada tiene un enorme poder, usémoslo contra la corrupción.