Polarización, fragmentación y callejones sin salida

El próximo 17 de diciembre se realizará en Chile el referéndum en el que se le consultará a la ciudadanía si está de acuerdo con el texto constitucional preparado por el Consejo Constitucional elegido en mayo, bajo una mayoría conservadora. Hasta el momento, las encuestas indican que la mayoría de la ciudadanía se inclinaría nuevamente por el rechazo (al igual que con la propuesta de tendencia progresista rechazada en el plebiscito de setiembre del 2022), con lo que la actual Constitución, surgida durante la dictadura de Pinochet en 1989 y que ha tenido reformas sustanciales a lo largo del tiempo, se mantendría vigente.

A pesar de que en el plebiscito de octubre del 2020 más del 78% de votantes apoyó la redacción de una nueva Constitución, en setiembre del 2022 casi el 62% de los votantes votó en contra del texto propuesto. Ese texto fue redactado por una convención, electa en mayo del 2021, en la que los electores definieron una representación muy fragmentada, con una mayoría de figuras independientes sin mayor experiencia política, en una suerte de “castigo” a la clase política tradicional.

Esa representación dio lugar a un texto rechazado por los votantes, percibido como muy radical, expresivo de las preferencias de activistas de izquierda, pero alejado de las preocupaciones de la ciudadanía en general. Ahora, el nuevo texto que se someterá a consulta en diciembre nuevamente parece expresar de manera exclusiva las preferencias de la derecha, con lo que, de nuevo, podría naufragar el intento de contar con una nueva Constitución en la que toda la ciudadanía se sienta representada.

La experiencia chilena resulta un espejo útil en el que podemos mirarnos. El ‘impasse’ que se vive en el país del sur es fruto de la imposición de intereses o visiones sectoriales, que conciben mayorías pasajeras como oportunidades para imponer una supuesta hegemonía, que luego naufraga ante las preocupaciones concretas e inmediatas de los ciudadanos. Escenarios en los que se dan, al mismo tiempo, polarización en términos valorativos y fragmentación de la representación política conducen a callejones sin salida.

En el Perú de hoy tenemos, como en Chile, una suerte de polarización en términos valorativos. Los extremos son más vocales y notorios, y el centro ha perdido presencia. La encuesta de octubre del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) muestra cómo entre el 2021 y el 2023 la identificación con posturas más extremas en la derecha y la izquierda ha crecido, con la reducción de la identificación con el centro. Al mismo tiempo, la representación política se ha fragmentado: tenemos el Parlamento más atomizado de las últimas décadas y, a la fecha, el registro de organizaciones políticas cuenta con 24 partidos inscritos, capaces de presentar candidaturas en las próximas elecciones. Varios más están en proceso de inscripción, con lo que la cifra podría elevarse a unos 30.

Es evidente para todos que 30 partidos políticos es un número excesivo, más en un contexto de apatía política, en el que ciudadanos valiosos más bien tienden a desconfiar y alejarse de la actividad partidaria. Sabemos que la abrumadora mayoría de esos partidos, para poder presentar candidaturas en todas las regiones del país, terminarán siendo “vientres de alquiler”. ¿Quiénes sí tienen mucho interés por ocupar esos espacios? Una gran variedad de intereses sectoriales y particulares que buscan prebendas, privilegios o impunidad para personajes con procesos judiciales o para continuar con actividades informales e ilegales. Pero, como prima la ilusión de obtener ganancias de corto plazo por parte de algunos, en el Congreso se sigue trabajando para perpetuar esta situación.

La iniciativa legislativa que pretende hacer de las elecciones primarias meramente optativas, lo que en el fondo hará que todos los partidos recurran a asambleas de delegados que resultan un remedo de procedimiento democrático, nos hará caer un escalón más en la degradación de la representación política que estamos padeciendo.