El remedio de Dina es peor que la enfermedad

En un país cuyos líderes carecen de una visión a largo plazo, como el Perú, se suelen adoptar medidas que, en lugar de ser una solución al problema, terminan haciéndolo más grande. Un ejemplo de estas propuestas, que suelen ser populares en un primer momento, pero que muy rápido terminan afectando la institucionalidad y generando una crisis mayor, fue la decisión de prohibir la reelección de congresistas. Desde que se planteó, quedó claro que atentaría contra la institucionalidad política y ahondaría aún más en la falta de una adecuada representación. Pero como ha quedado ampliamente demostrado, los políticos peruanos son proclives a actuar en contra de la evidencia.

Para el 59% de los peruanos, los principales problemas del país son la corrupción y la delincuencia e inseguridad. Y no es casualidad que el órgano encargado de la seguridad interna sea precisamente uno que está plagado de corrupción: el Ministerio del Interior. ¿Cómo podemos exigir una gestión eficiente si, desde el 28 de julio del 2021 hasta hoy, hemos tenido 10 ministros del Interior? Uno de ellos, Willy Huerta, fue investigado por la fiscalía por presunta corrupción de funcionarios cuando era comandante de la Policía Nacional. Pero vamos más allá: al día de hoy, el Ministerio del Interior solo ha ejecutado el 13% de su presupuesto.

La corrupción en la Policía Nacional del Perú (PNP) está institucionalizada y es parte del sistema. Desde los más altos mandos, hasta el policía de menor rango. Las denuncias contra los miembros de la PNP van desde robo de combustible, extorsión, violencia, siembra de pruebas y hasta por formar parte de las redes del crimen organizado. Tan flagrante y descarada es la corrupción que los policías de tránsito llevan, para facilitar la gestión, su código QR de Yape colgado del cuello. ¿Significa esto que no hay buenos oficiales que dan la vida por nuestro país? No, significa que la PNP requiere de una reforma que permita que estos sean la mayoría.

La corrupción en las fuerzas policiales no es exclusiva del Perú. Y es precisamente porque quienes forman parte de estas instituciones tienen la legitimidad del uso de la fuerza pública en representación del Estado que debemos ser aún más vigilantes. Pese a la flagrancia de la corrupción, los abusos que cometen y a la debilidad en su formación, no hemos logrado poner en agenda una reforma de la PNP.

Es frente a la realidad de inseguridad que vive el país, que a la presidenta Boluarte y su equipo no se les ocurrió mejor idea que plantear la creación de una policía de orden y seguridad, para fortalecer un servicio de prevención de la delincuencia. Una policía de segunda categoría, con período de caducidad. Serían reclutados de entre quienes no hayan logrado entrar a las academias de la policía y serían contratados solo por tres años. En la práctica, podríamos estar generando una academia de formación de futuros integrantes del crimen organizado. Mal capacitados y armados, que luego de tres años quedarían desempleados.

La PNP debería cumplir uno de los principales roles en un país: garantizar la seguridad interna, para que los ciudadanos podamos desarrollarnos y ejercer nuestras libertades. Y, sin embargo, este es difícilmente el caso. En los últimos años, el crimen organizado ha crecido exponencialmente. El Tren de Aragua es una organización transnacional que es responsable del crecimiento explosivo de estos delitos en el Perú. Esta organización tiene operaciones en Venezuela, Colombia, Brasil, el Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y, aparentemente, en Estados Unidos. Entre sus principales actividades está la extorsión, el secuestro, el control de redes de prostitución y la microcomercialización de drogas.

Los peruanos estamos hoy desamparados frente al crimen y la inseguridad, y sin propuestas de solución. La falta que han demostrado los últimos gobiernos en resolver los problemas del país hace que el 52% de los ciudadanos justificaría o estaría muy cómodo con un golpe de Estado militar. Y, de pronto, Bukele es –equivocadamente– visto por un sector de la ciudadanía como un ejemplo a seguir. Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, sostenía que “quien renuncia a su libertad por seguridad, no merece ni libertad ni seguridad”.