“Barranzuela es un problema, pero no es el problema”, por Carlos Basombrío Iglesias

Desde que nos llamamos Perú, el cumplimiento de la ley siempre ha sido bastante relativo. Ello empieza tempranamente en el Virreinato, cuando fray Bartolomé de las Casas convenció al rey Carlos I de proteger a los “indios” y se expiden las “nuevas leyes”. Desde entonces, los españoles americanos, los criollos (de ahí viene la criollada), optan pragmáticamente porque la “ley se acate, pero no se cumpla”.

Ya en el siglo XX, hay una nueva variante expresada en una frase que existe también en otros países y que acá se le atribuye al mariscal Óscar R. Benavides: “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”, refiriéndose al favoritismo desde el poder para beneficio de los allegados.

La sociedad peruana ha cambiado muchísimo en las últimas décadas y, en un contexto de inmensa informalidad, el cumplimiento de muchas normas, elaboradas supuestamente para todos, termina siendo solo aplicado por un 20% de la población.

En paralelo, se ha desarrollado una visión, principalmente desde la izquierda más radical, de que el cumplimiento de la ley está condicionado a la injusticia y que, incumplirla, se justifica si se trata de personas que están en condición de pobreza. Este razonamiento está en la base de la tolerancia a la minería ilegal, la tala ilegal, el contrabando y, por supuesto, a la siembra de coca para el narcotráfico.

De alguna manera, el ministro Luis Barranzuela se convierte en un símbolo de las múltiples razones por las que la ley se incumple. Su escandaloso festejo del Día de la Canción Criolla, acompañado de su carnal Bermejo, da cuenta de la prevalencia de esas viejas prácticas en quienes creen que, por ejercer el poder, están por encima de la ley.

Dicen que en sociedades todavía pacatas como la nuestra se perdona el pecado, pero no el escándalo. Así, esta fiesta inolvidable parece ser lo que lo ha liquidado como ministro; siendo mucho más grave que Barranzuela encarne aquella visión de que la pobreza justifica violar la ley y que la violencia pueda no ser sancionada.

Así, la decisión del Gobierno, avalada de manera explícita por la primera ministra y tácitamente por el presidente, de suspender la erradicación hasta que haya un padrón adicional de productores de coca legal (léase, reconocer a quienes producen para el narcotráfico), si bien vino de la mano de Barranzuela, todavía queda por verse si se irá con él.

Y esto es muy grave. Siendo cierto que el narcotráfico es un cáncer incurable, no aplicar uno de los mecanismos más importantes para su contención hará que muy pronto el problema haga metástasis.

Otra manifestación de la aplicación selectiva de las leyes es el abandono total de la función de mantener el orden en los conflictos sociales, sumado al mensaje político de que las grandes empresas son ‘per se’ explotadoras y que se apropian de lo que es del pueblo, perjudicándolo.

La combinación entre ambas está generando una explosión de protestas que desembocan en violencia destructiva. El incendio completo de las instalaciones de la mina Apumayo en Ayacucho, una acción que necesita de una preparación previa que no puede ser fruto de la emoción del momento y de personas “capacitadas” para hacerlo, es un siniestro ejemplo. Y pueden venir cosas más horrendas. Por ejemplo, Petro-Perú ya ha advertido de que “en la estación 5 del oleoducto, tomada desde hace 28 días, hay cerca de 70 mil barriles de crudo almacenado” que “pueden producir un siniestro catastrófico con graves consecuencias para la vida de las personas”.

A esto, se debe añadir que la paralización de las labores de Antamina debido al bloqueo de la carretera por parte de una comunidad ubicada a 60 km de sus instalaciones y la huelga en Huarmey, puerto de salida del mineroducto, es un acontecimiento de extrema gravedad no solo por el efecto diario para la economía, sino por el mensaje que transmite al conjunto de inversionistas en el país y a los potenciales que quisieran venir.

¿Estamos frente a un conjunto de hechos concertados por quienes quieren “agudizar las contradicciones” o bajo el efecto difuso del “aval” de un Gobierno que calla y, con ello, otorga? No lo sabemos, pero ambas posibilidades son extremadamente inquietantes.

Coda: El Gobierno ha decidido sacar a las Fuerzas Armadas dizque para controlar el desborde de la criminalidad en Lima y el Callao. Creer que esto va a ser una solución y, peor aun, que puede dar resultados en los próximos 30 días –o en una ampliación de ese plazo– es un ‘engaña muchachos’. La inseguridad ciudadana no se puede analogar con emisiones volcánicas que estallan, luego se apagan y vuelven a la normalidad. Su incremento expresa, más bien, tendencias de fondo que requieren de estrategias inteligentes y con continuidad en el tiempo para obtener resultados solo paulatinamente. La presencia de las FF.AA. puede crear muchos más problemas de los que “solucione” y, en ese proceso, hacerle un daño enorme al profesionalismo de los militares y policías.