Uno: Alberto Fujimori fue un personaje tan importante como controvertido. En la espantosa década de los 90, logró construir una base popular muy grande al dar golpes decisivos contra Sendero Luminoso y lograr reencauzar una economía que Alan García había destrozado. A la vez, en asociación con Vladimiro Montesinos, dio un golpe de Estado, violó derechos humanos e impuso fraudulentamente una reelección que duró hasta que los ‘vladivideos’ revelaron los niveles de corrupción a los que se había llegado. El apoyo a lo uno y el rechazo a lo otro siguen marcando la vida política. A tal punto que el fujimorismo (que en mucho define el rumbo del país desde el Congreso) y el antifujimorismo (que ha impedido tres veces que su hija llegara a la presidencia) siguen siendo las corrientes políticas más importantes, un cuarto de siglo después de que el patriarca pusiera fin a su gobierno y huyera del país.
Dos: desde el 2013 se han dado ayudas económicas a Petro-Perú por más de S/20.000 millones para salvarla de sus crisis. Sin embargo, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), al primer trimestre del 2024, su deuda financiera alcanzó cerca de US$6.200 millones, diez veces más que en el 2013. Ahora el Gobierno anuncia que seguirán desangrando al Tesoro Público y que quizás, solo quizás, habrá la reestructuración integral de la empresa que pidió el renunciante directorio. Esto es aún más irresponsable cuando el déficit fiscal crece constantemente, llegando a 4,1% en julio, la cifra más alta desde 1995. La calificadora Fitch estima que, al terminar el 2024, será de 3,4%, por encima de la ya inflada meta de 2,8%.
Tres: vinculado a lo anterior está el profundo y creciente deterioro del cargo de ministro, tanto por malos y hasta pésimos nombramientos, como por la altísima rotación en el cargo. Ello no empezó, pero se agudizó profundamente con el desmadre de Pedro Castillo y lo continúa Dina Boluarte. No es el caso del ministro de Economía y Finanzas, José Arista, en lo que refiere a solvencia profesional para el cargo, pero sí en su temor a ser expectorado por la irascible presidenta, algo que le impide actuar con firmeza frente a decisiones gubernamentales que afectan principios básicos que se han respetado por décadas. El exministro Waldo Mendoza lo resume en una reciente entrevista en El Comercio de la siguiente manera: “El perfil del ministro del MEF de este gobierno es el de uno que no defiende sus fueros”.
Cuatro: si de nombramientos desafortunados se trata, hablemos del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, que en el gobierno de Pedro Castillo fue secretario general del ministerio cuando era ministro el ahora preso Geiner Alvarado. Además, Whittembury enfrenta una investigación preparatoria por colusión agravada y asociación ilícita para delinquir, por la adjudicación de una obra en Chimbote que habría favorecido a Odebrecht. Inocente o culpable, cabe preguntarse si ese es el perfil que se necesita en un ministerio tan golpeado por la corrupción.
Cinco: Ipsos, en su encuesta para “Perú 21″, encuentra que el 82% percibe que la decisión de mantener en el Mininter a Juan José Santiváñez está motivada por la protección que Dina Boluarte necesita por la investigación en el Caso Rolex. Aun así, la situación de Santiváñez es muy precaria, por los explosivos audios que se le atribuyen. Más aún, cuando el abogado del capitán Junior Izquierdo declaró que los fiscales ya validaron su autenticidad. Más cauto, el fiscal de la Nación sostiene que el peritaje está casi listo. De confirmarse que esa es su voz, se sellaría el destino del ministro. Quizás ello explique su reciente y abiertamente inconstitucional planteamiento de “intervenir el Ministerio Público, declararlo en emergencia y formar una junta para que lo reestructuren”.