Iván Alonso

Todas las voces se levantan cuando Petro-Perú le pide al Gobierno US$500 millones, pero apenas se oyen cuando en el se discute una serie de privilegios tributarios que le van a costar al fisco S/1.850 millones. Esa es la recaudación que, según el Ministerio de Economía y Finanzas, se perdería si se llegara a convertir en ley el proyecto aprobado antes de ayer en la Comisión Agraria, que reduce al 15% la tasa del a la Renta para las hasta el 2035 y exonera completamente a los “pequeños productores”, crea un crédito tributario por reinversión y permite la depreciación acelerada de los activos fijos, entre otros beneficios. Disciplina fiscal de la boca para afuera.

Pero el daño para la economía nacional va más allá del efecto de los privilegios tributarios en el déficit fiscal. Los privilegios crean distorsiones en el uso de los recursos productivos del país. Su impacto en algunas variables, como la inversión en la agricultura, por ejemplo, se hace visible al cabo de cierto tiempo; pero lo que no se ve es lo que se pierde porque la inversión se dirigió, no adonde habría creado más valor, sino adonde había beneficios tributarios que cosechar.

Los beneficios a los que nos hemos referido más arriba –tasa preferencial, crédito por reinversión, depreciación acelerada y demás– reducen el “precio del capital” relativamente al precio del trabajo. El precio del capital es, en buena cuenta, la rentabilidad bruta, antes de impuestos, que el inversionista espera obtener por su inversión. Al reducirse la tasa del impuesto, el inversionista puede contentarse con una rentabilidad bruta menor porque, al llevarse menos el fisco, le queda más para sí mismo. Los otros beneficios tienen efectos similares.

El problema es que, si el capital se abarata y el precio del trabajo sigue siendo el mismo, los agricultores terminarán usando más maquinaria y menos mano de obra que las que, de otra manera, usarían para producir lo mismo. La agricultura, como dicen los economistas, se hará más intensiva en capital o, lo que viene a ser lo mismo, menos intensiva en mano de obra.

Tenemos la sospecha de que ese fue precisamente el efecto principal del régimen agrario que se derogó parcialmente hace unos años y que la agricultura peruana no necesitaba una tasa preferencial de Impuesto a la Renta para crecer como creció en los 20 años anteriores. El pleno del Congreso debería rechazar este proyecto de ley.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Iván Alonso es economista

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