Agencia de empleos

La situación de las contrataciones en el Parlamento ha empeorado en el actual quinquenio, principalmente por el caso de los mochasueldos. Sumado a esto, tenemos las contrataciones de la Mesa Directiva, que siempre han sido politizadas, pero que en este período las han llevado al extremo de no encontrar ningún balance técnico, como lo ha revelado este Diario en el caso de Waldemar Cerrón. Como suele pasar con las denuncias sobre el Congreso, nos centramos en recalcar el problema, pero no siempre apuntamos a las soluciones.

Lo primero a tomar en cuenta es que el Congreso cuenta con una planilla de más de 3.000 trabajadores y ya se han realizado estudios que han determinado que se podría reducir entre 1.500 y 1.700 trabajadores. Es un tema de eficiencias sincerar el número de trabajadores requeridos para no mantener el sistema perverso de contrataciones sin perfiles técnicos, en los que prevalece la confianza antes que la meritocracia.

No perdamos de vista que se ha constituido una suerte de negocio con el recorte de sueldos. Cada congresista tiene siete trabajadores en su despacho y, tomando la escala salarial actual, podrían llegar a recaudar ilegalmente hasta S/50.000 anuales. La recaudación incrementa si tomamos en cuenta que los legisladores pueden contratar asesores para comisiones.

Un segundo punto por corregir es el de la contratación de personal adicional en las comisiones extraordinarias. Resulta más productivo que los congresistas encarguen a sus trabajadores las labores de investigación en materias específicas a que les pongan cuotas de producción de proyectos declarativos.

Por otro lado, con tantas denuncias de mochasueldos resulta sorprendente que no se haya establecido ningún mecanismo interno de protección para los trabajadores. Un congresista puede seguir recortando el sueldo de sus trabajadores pese a estar en condición de investigado. Ante este riesgo, lo mejor sería que el personal pasara al control del servicio parlamentario en tanto duren las indagaciones. Es decir, que dichos trabajadores realicen labores de apoyo al Departamento de Comisiones, porque el salario de cada trabajador no depende del bolsillo del congresista, sino del presupuesto del Parlamento.

Estas son solo algunas ideas que podrían ser aplicables en lo inmediato. Es momento de separar la paja del trigo y evitar que se generalice la idea de que todo el personal del Congreso está politizado. A lo largo de tantos años de cobertura parlamentaria he podido ver a profesionales que se han ganado su puesto de manera meritocrática en diversos espacios: desde las áreas especializadas, como Zaydée Roncal del área técnica legislativa, hasta los despachos parlamentarios, con Benito Sáenz (asesor de Diana Gonzales) o José Fernández (asesor de Podemos Perú).

La institución –con su plataforma y sus salarios– no es el problema. El problema radica en la flexibilidad de control. Y esto último se puede corregir.