Con esta frase que llama a la acción esperamos que el debate electoral se centre en políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la niñez peruana, especialmente la más vulnerable.
Y es que es bueno tener en cuenta que quienes reciban el respaldo mayoritario de la ciudadanía en las elecciones próximas tendrán entre sus responsabilidades la de cumplir con los objetivos que plantea el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) 2012-2021 y hacer realidad el desafío de brindar igualdad de oportunidades a todos los niños del país.
Este PNAIA es el cuarto que ha diseñado y ejecutado el Perú, desde que en 1990 ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Recientemente, el Ejecutivo aprobó convertirlo en ley, declararlo de interés nacional y dar atención preferente a la asignación de recursos públicos para su cumplimiento. Es una medida acertada para asegurar que no se pierda lo avanzado.
En estos 25 años, la situación de los peruanos más jóvenes ha mejorado gracias a la continuidad de ciertas políticas públicas. Sin embargo, persisten inequidades que deben resolverse para que los derechos de quienes todavía no votan estén asegurados desde la primera infancia hasta su adolescencia. Solo así se podrá formar una nueva generación con igualdad de oportunidades, en la que todos puedan desarrollar sus capacidades, hacer realidad sus proyectos de vida y contribuir al crecimiento sostenible del país. Para lograrlo, se requiere más que buena voluntad. Se necesita la decisión política de asegurar que bajo ninguna circunstancia se reduzca la inversión pública dirigida a la niñez.
Si el Perú ha logrado reducir la desnutrición crónica, casi universalizar el derecho a la identidad y la educación primaria (por citar algunos progresos), es porque año a año ha realizado una mayor y mejor asignación y ejecución de los recursos destinados a la niñez y a la adolescencia. Por ejemplo, en el 2014, la inversión pública en la niñez se incrementó en 10% con respecto al año anterior y registró un nivel de ejecución de 89%.
Es fundamental que la ciudadanía recuerde que los derechos y el bienestar de la niñez constituyen una tarea compartida por el Estado, la familia y la sociedad. El sufragio informado y la vigilancia ciudadana son formas de asumir este trabajo. En esta responsabilidad compartida, corresponde a los electores demandar de los candidatos a la presidencia que presenten propuestas destinadas a garantizar el desarrollo integral de la niñez y a vigilar que estas se hagan realidad.
A su vez, los candidatos deben proponer medidas viables que, teniendo como punto de partida los derechos de la niñez, permitan cerrar las brechas sociales que mantienen a miles de niños y adolescentes expuestos a las múltiples dimensiones de la pobreza, aquellas que van más allá de las carencias monetarias.
Los niños no votan, pero en unos años asumirán las riendas del país. Si lo hacen bien, será porque los adultos de hoy les dimos las oportunidades que requerían para desarrollar plenamente todo su potencial. Si lo hacen mal, será porque no hicimos lo suficiente por ellos. El desarrollo sostenible del país depende también de la niñez. Tengámoslo en cuenta.