Una oportunidad histórica para las reformas fiscales, por Luis Alberto Moreno

Si bien las protestas que sacudieron varios países latinoamericanos estallaron contra decisiones de gobiernos como las alzas de precios del transporte público, su motivo fundamental fue la frustración popular por la persistencia de la desigualdad.

Aunque en todas las sociedades hay disparidades entre ricos y pobres, estas son mucho más pronunciadas en nuestra región, que cuenta con ocho de los 20 países más desiguales del mundo.

En las naciones industrializadas, los impuestos y el gasto social han demostrado ser herramientas eficaces para reducir la inequidad. En los países de la OCDE, por ejemplo, estas políticas reducen la disparidad de ingreso disponible en un promedio de casi 40%.

En contraste, en América Latina los impuestos y el gasto social reducen la desigualdad en apenas 5%, en promedio.

En parte, esto se debe a que los gobiernos latinoamericanos recaudan proporcionalmente menos por impuestos y gastan menos en servicios sociales que los de la OCDE. Pero también porque las políticas fiscales son menos progresivas en nuestra región y porque la calidad de nuestro gasto público es muy mala.

Del lado de los ingresos, América Latina y el Caribe recaudan 23,3% del PBI mediante impuestos, comparado con el 34,4% en países de la OCDE. Dado que casi la mitad de los trabajadores en América Latina están en la informalidad, la recaudación por impuestos a los ingresos es baja. Pero incluso en el decil de ingresos más altos, la gente paga apenas 4,8% de sus ingresos en impuestos sobre la renta, según la Cepal. En la Unión Europea, dicha cifra es casi cuatro veces mayor, y el contribuyente del decil más alto paga un promedio del 21,3% de sus ingresos.

Durante décadas, los gobiernos latinoamericanos han optado por gravar el consumo, por ejemplo, con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como principal fuente de ingresos. Aunque son fáciles de recaudar, estos impuestos tienden a ser regresivos, dado que los hogares más pobres dedican una mayor proporción de sus ingresos al consumo. En nuestra región, los impuestos como el IVA representan en promedio el 48,5% de la recaudación total, comparado con el 32,4% en la OCDE.

Esta distorsión se magnifica debido a que, en nuestra región, el gasto social tiende a favorecer a los ricos. En promedio, el 75% del gasto social se concentra en pensiones que benefician a familias de ingresos medianos y altos, además de en subsidios y productos que los hogares de bajos ingresos consumen menos, como educación universitaria y gasolina.

Hasta los programas sociales específicamente diseñados para favorecer a los más pobres, como las transferencias monetarias condicionadas a la escolarización, padecen de “fugas” que permiten que algunas familias de mayores ingresos reciban beneficios indebidamente. En promedio, el 40% de tales recursos beneficia a personas que no están en la pobreza.

Y servicios sociales como la educación y la salud han mejorado muchísimo el bienestar en la región. Pero los resultados y la calidad de esos servicios siguen siendo tremendamente desiguales.

En evaluaciones como PISA, los resultados educativos de América Latina figuran entre los peores en las tablas internacionales. Solo quienes pueden costear colegios privados se desempeñan mejor. Y la tasa de mortalidad infantil entre los pobres duplica la de los ricos.

No podemos postergar más el tipo de reformas que hagan más progresivas nuestras políticas fiscales.

Muchos de nuestros gobiernos cuentan hoy con sistemas de información fiscal y social que harían mucho más factibles tales reformas que en el pasado. La crisis actual nos da una oportunidad para generar el tipo de consenso necesario para encarar reformas audaces.

Hace pocos años, México puso en marcha una reforma impositiva progresiva como parte de un amplio acuerdo multipartidario. Los ingresos fiscales aumentaron en un notable 3,4% del PBI sin que fuese necesario aumentar significativamente el IVA. En cambio, recortaron los subsidios que beneficiaban a los ricos y aumentaron los impuestos a los ingresos y a los dividendos de acciones. Como resultado, el 70% de lo recaudado por esta reforma vino del 20% más rico.

No hay razón para pensar que un esfuerzo igualmente ambicioso no funcionaría en otros países. El BID ha apoyado muchas reformas fiscales y de egresos que ayudaron a aumentar la calidad del gasto público. Estamos listos para ayudar a los gobiernos a emprender ese camino.