Desde hace tiempo, Colombia, uno de los principales productores de cocaína en el mundo, ha sido un socio clave en la fallida guerra contra las drogas de Estados Unidos. Sin embargo, Gustavo Petro, que acaba de llegar a la presidencia, ha cumplido una promesa de campaña para llevar al país hacia una dirección distinta. El mes pasado, Petro anunció que iba a terminar con la erradicación forzada de la coca e iba a apoyar una ley para despenalizar y regular la venta de cocaína en un esfuerzo por debilitar los mercados ilícitos y el beneficio económico que los impulsa.
En Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden también ha dado señales de un giro importante. En abril, se presentó una nueva estrategia que destina recursos federales a servicios de reducción de daños. El objetivo es evitar muertes por sobredosis de opioides al aumentar el acceso a tratamientos médicos y programas de recuperación de adicciones, así como promover alternativas para el encarcelamiento por delitos menores relacionados con las drogas.
Esta nueva estrategia reconoce que la manera en la que hemos enfrentado el problema de las drogas en Estados Unidos no ha funcionado. Pero también que los esfuerzos que encabeza el país para controlar las drogas a nivel internacional han sido un fracaso abrumador: han contribuido a la violencia, el deterioro y el desplazamiento en lugares como Colombia, que son exportadores de cocaína. También han impulsado el auge de los opioides sintéticos, como el fentanilo, que está provocando sobredosis en Estados Unidos.
Las nuevas políticas nacionales proactivas del gobierno de Biden son un paso en la dirección correcta, pero el presidente estadounidense debe ir más allá y terminar la guerra mundial contra las drogas. Aunque la erradicación forzada puede disminuir el suministro de cosechas de droga a corto plazo en un lugar particular, hay estudios que demuestran que estas reducciones siempre son temporales. Los agricultores mueven la producción a sitios con menos escrutinio y los traficantes se mudan a nuevos territorios, como lo hemos visto en el cambio de Colombia a México y Centroamérica en años recientes.
Y, tal vez lo más importante, las medidas militarizadas para controlar el origen del producto y el aumento de seguridad fronteriza en realidad crean incentivos para que los traficantes busquen nuevas fuentes de ingresos que sean más fáciles de producir y transportar. Esto, más una ofensiva bien documentada contra un exceso de analgésicos recetados, ha provocado una explosión en el suministro de fentanilo que está impulsando la crisis de sobredosis en Estados Unidos.
“Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente”, dijo el presidente Petro durante su discurso de posesión, haciendo eco de un argumento que han realizado otros líderes latinoamericanos en años recientes. El gobierno de Biden ha tomado medidas clave para abordar nuestros fracasos en casa, pero, para encontrar un éxito perdurable, también debe terminar la guerra contra las drogas en el extranjero.
–Glosado y editado–
©The New York Times