Todos los caminos llevan a La Haya (algún día…)

El 17 de marzo, la II Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) –tal y como había anticipado unos días antes “The New York Times”– emitió dos órdenes de detención contra los primeros dos sospechosos en su investigación en Ucrania. Lo histórico del hecho no solo estriba en que, tras un año de investigación formal en la corte y otros ocho años de examen preliminar, finalmente tenemos los primeros casos en la CPI, sino que una de esas órdenes recae en quien se ubica en la cúspide de la cadena de mando del Gobierno Ruso: Vladimir Putin.

Recordemos que la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, tiene competencia para juzgar únicamente a personas naturales, por la comisión de los crímenes internacionales contemplados en el Estatuto de Roma; estos son, los crímenes de guerra, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. La competencia de la CPI se activa sobre la base del vínculo de la nacionalidad (la del presunto perpetrador) o sobre la base de la territorialidad (los crímenes cometidos en el territorio de un Estado que ha reconocido la competencia de la CPI). En el caso de Ucrania –que reconoció la competencia de la CPI por crímenes cometidos desde febrero del 2014 tras emitir una declaración ad hoc a la corte–, la CPI podrá ejercer su competencia sobre cualquier persona que actúe en dicho territorio, más allá de la nacionalidad de esta o de su cargo oficial. Esto incluye a nacionales rusos.

Las órdenes de detención emitidas el pasado viernes se encuentran, por el momento, selladas, lo que significa que, por cuestiones de seguridad y protección a víctimas y testigos, no se tiene conocimiento aún de su contenido concreto. Sin embargo, son cuatro las cosas que sí sabemos: la existencia de las órdenes, los sujetos objeto de estas órdenes, los presuntos crímenes sobre los que se enfocan las órdenes y las presuntas modalidades de atribución de responsabilidad penal.

En efecto, más allá de tratarse de órdenes selladas, la corte consideró que resultaba clave hacer público la existencia de las mismas para ayudar a prevenir la comisión de futuros crímenes. Esto no es algo menor, pues, efectivamente, estas órdenes pueden tener un importante efecto disuasor para otras personas que se encuentran en la cúspide o a lo largo de la cadena de mando rusa. Por ello, resulta importante, en segundo lugar, que se haya hecho pública la identidad de esos dos sospechosos: Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para la Federación Rusa.

En tercer lugar, las órdenes de detención se enfocan, por el momento, en dos crímenes de guerra, contemplados en el marco de los artículos 8 (2) (a) (vii) y 8 (2) (b) (viii) del Estatuto de Roma: el traslado forzoso de niños y niñas de Ucrania a Rusia, y su deportación a territorio ruso. Comenzar con estos crímenes es importante, porque existe amplia evidencia que apunta a miles de niños ucranianos deportados forzosamente a Rusia y, además, porque la deportación, que ha sido denunciada por diversas organizaciones de derechos humanos desde el inicio del conflicto armado, se sigue cometiendo hasta el día de hoy. Finalmente, las órdenes de detención se centran en lo que la fiscalía liderada por Karim Khan considera que son dos modalidades posibles de atribución de responsabilidad penal internacional frente a estos crímenes con respecto a Putin y Lvova: autoría directa, autoría mediata o responsabilidad de mando.

La importancia jurídica, pero también política, de estas órdenes de detención es muy significativa. No solo como mensaje de apoyo a las víctimas, sino como una forma de fortalecer la investigación a lo largo de la cadena de mando; ahondar en el trabajo de documentación; brindar mayor protección a los testigos; y, finalmente, generar un fuerte efecto disuasor.

Por otro lado, los desafíos serán bastante notables, sobre todo frente a la posibilidad real de poder ejecutar la orden de detención contra Putin. No obstante, la CPI no es ajena a esta situación. Cuatro jefes de Estado en funciones han sido objeto de órdenes de detención o comparecencia por parte de la corte cuando aún ejercían su cargo: Omar al Bashir (Sudán), Muamar Gadafi (Libia), Uhuru Kenyatta (Kenia) y ahora Vladimir Putin. Además, la CPI emitió órdenes de detención contra el exjefe de Estado de Costa de Marfil Laurent Gbagbo, así como contra el ex vicepresidente de la República Democrática del Congo Jean Pierre Bemba. El mensaje es clave (y encuentra su respaldo en el artículo 27 del Estatuto de Roma): no se puede alegar ningún tipo de inmunidad como defensa ante la CPI. Sin embargo, esta puede ser un desafío en la práctica para la entrega a la corte cuando se trata de un nacional de un Estado que no es parte de ella, como Rusia.

Putin ha tenido tiempo para mirar el precedente jurisprudencial más importante frente a la CPI cuando se trata de jefes de Estado, el de Omar al Bashir, y de aprender de las tácticas de este último: evitar pisar el territorio de un Estado parte del Estatuto de Roma o de un Estado no parte que busque cooperar con la corte. El camino en la investigación no será fácil, pero podrá ir abriendo puertas para la captura e investigación de otros presuntos autores. El tiempo también será un factor determinante: quizá, como vemos hoy con Bashir, vayan cambiando las circunstancias para poder finalmente ver a Putin sentado un día en el banquillo de los acusados.