Toros sin prohibición, por Jaime de Rivero Bramosio

La Corte Constitucional de Colombia ha restablecido, el mes pasado, las corridas de toros en la plaza Santa María de Bogotá, frustrando la ofensiva abolicionista del alcalde Petro. Esta sentencia se suma a otras emitidas recientemente en salvaguarda de la cultura taurina en Francia, Colombia y el Perú.

La tan invocada prohibición en Barcelona en el 2010, lejos de erradicar la tauromaquia, ha permitido aplicar la moderna legislación cultural, logrando un hito emblemático en Francia, que en el 2012 la declaró patrimonio cultural, haciendo imposible su eliminación.

Esta protección jurídica se sustenta en que la tauromaquia es, esencialmente, una manifestación cultural. En el caso peruano, forma parte de nuestra identidad mestiza, forjada por el sincretismo de lo andino con lo hispánico. El uso de animales no altera esa condición, como tampoco el que hoy algunos la reprueben.

Las tradiciones están protegidas por el derecho humano a la cultura que garantiza a las personas la libertad de elegir y practicar las manifestaciones de su identidad cultural. Este derecho apareció en el siglo XIX, aún cuando su necesidad nació con la civilización misma, pues desde tiempos inmemoriales los pueblos se han exterminado unos a otros, destruyendo la riqueza cultural de la humanidad. Tras la Segunda Guerra Mundial, se incorporó en la Declaración Universal de Derechos Humanos, tratados internacionales y constituciones, consolidando una legislación especializada.

La polémica sobre los toros evidencia un enfrentamiento de orden cultural. La cultura dominante u occidental, de la que somos parte y que impera en casi todo el orbe, pretende eliminar a la cultura taurina, que es local, minoritaria y remanente. La tauromaquia siempre fue valorada como arte y fiesta culta en nuestra sociedad; sin embargo, la creciente preocupación por los animales en las últimas décadas ha deformado esa percepción y hoy resulta combatida por poseer un antivalor de la cultura dominante: sacrificar un animal en un rito público.

Una corriente de pensamiento no debe imponerse por la fuerza ni atropellar el derecho adquirido por quienes practican una manifestación cultural transmitida de generación en generación. En el caso de la tauromaquia, el enfrentamiento está cargado de fanatismo, prepotencia y odio expresados en una campaña feroz para desprestigiarla y suprimirla.

Frente al peligro de destrucción de las culturas por efecto de la globalización, la Unesco promovió la Convención sobre Protección de la Diversidad Cultural (2005), por la cual la comunidad internacional se obligó a defender todas las culturas estableciendo como única condición que respeten los derechos humanos, requisito que la tauromaquia cumple a cabalidad.

La humanidad ha evolucionado hacia la defensa y protección de las culturas minoritarias. Estas poseen su propia dinámica de selección y se extinguen cuando libremente sus miembros dejan de practicarlas. Por ello, una prohibición además de anacrónica, viola derechos humanos, menoscaba la libertad individual, convalida el abuso y fomenta el conflicto.

Lamentablemente, en esa senda de la intolerancia cultural actúa el Viceministerio de Patrimonio Cultural, a cargo de Luis Jaime Castillo, que –desobedeciendo la Sentencia 017-2010 del Tribunal Constitucional, que declara que la tauromaquia forma parte de la diversidad cultural que debe protegerse– condicionó la declaración de patrimonio cultural de las festividades de Chalhuanca en Apurímac a no celebrar el yawar fiesta ni corrida de toros, con el despropósito de suprimir esta honda tradición andina.

La política del Estado, por el contrario, debe proteger nuestra diversidad y promover el diálogo intercultural para comprendernos y aceptar nuestras diferencias. Exigir respeto y tolerancia de lo que se está de acuerdo es simple y cómodo, el verdadero reto es practicarlo con lo que se discrepa o rechaza, y esa es la clave para alcanzar la paz social.