Un soplo al oído, por María Isabel León

Recientemente, la Comisión de Educación del Congreso aprobó el dictamen de lo que sería la nueva ley de institutos y escuelas de educación superior. En general, se trata de un proyecto positivo que cumple con el propósito de unificar y consolidar el nivel de educación superior, repotenciar y revalorar los institutos superiores y, además, rectificar y corregir saludablemente la sobrerregulación que por años asfixió el trabajo y crecimiento de la educación técnica en el país.

Lo curioso es que, con inusitada terquedad, nuestros congresistas propongan la autoexclusión del Perú de la modernidad y el desarrollo de las tecnologías –que por cierto avanzan a paso agigantado en el mundo–, prohibiendo inexplicablemente la educación a distancia para la obtención de grados o títulos. Con ello no se tiene en consideración que es justamente la tecnología la mejor aliada para distribuir conocimientos y lograr un mejor desarrollo personal y profesional. Si no, miremos lo que hace el Instituto Tecnológico de Monterrey en México, que tiene miles de estudiantes bajo este moderno sistema de educación. O lo que hacen grandes instituciones estadounidenses, como el MIT, la Universidad de Yale, Harvard y otras casas de estudio de gran prestigio. 

Que se prohíba la educación a distancia porque hay algunas entidades que estafan a los estudiantes es inadmisible. Sería como prohibir la circulación de buses interprovinciales porque algunos chocan y causan accidentes. Se deben colocar “candados” para asegurar la calidad, pero no prohibir la modalidad, pues con ello se afecta el derecho a la libre iniciativa privada y a la libertad de elección.

Asimismo, resulta curioso que el proyecto proponga un sistema de sanciones que nos recuerda a la Inquisición, pues para una falta “leve” o “benigna” proponen la imposición de una multa no mayor a 20 UIT (S/.77.000) y para una falta “muy grave” una multa no mayor a 120 UIT (S/.462.000) y la cancelación de la licencia de funcionamiento. Además, deja a la norma de reglamentación la definición de las infracciones que encausarían tales sanciones, hechos que convierten a la ley en un instrumento punitivo antes que correctivo. Esto a menos que el Ministerio de Educación (Minedu) tenga planeado financiar el novel Organismo de Gestión de Institutos Escuelas de Educación Superior Públicos (Educatec) con las multas que prevé aplicar a los centros privados.

Sobre Educatec también llama la atención el grave error de no incluir en su consejo directivo a ningún representante del sector privado y, peor aun, que no se aproveche la oportunidad de incluir a todas las instituciones públicas de educación superior que no sean universidades –tales como los institutos pedagógicos o artísticos–. Con ello el Minedu desconcentraría y delegaría parte de sus recargadas funciones a un organismo especializado, adscrito y autónomo, y podría dedicarse de lleno a la educación básica pública (que fuera de ser la única obligatoria de acuerdo con la Constitución, es aquella que concentra el 70% de la matrícula nacional. Convirtiéndola, por decantamiento, en su tarea primordial).  

Así las cosas, nos toca darle un soplo al oído a nuestros congresistas para que en el próximo debate que se realice en el pleno puedan corregir y modificar estas notorias distorsiones de tan importante dictamen de ley.