Sin enfoque de derechos no se puede combatir el COVID-19, por Marina Navarro

Amnistía Internacional viene reportando cómo esta pandemia afecta los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo. En ese sentido, es necesario que entendamos que más allá de que los estados tienen el deber de garantizarlos, estos son una condición previa para vencer al COVID-19. Es decir, si no se toman medidas adecuadas, con enfoque de derechos, cualquier norma o política estará destinada a fracasar.

Si observamos atentamente algunos aspectos que han generado que el COVID-19 se expanda en el Perú, encontraremos situaciones en las que no se han garantizado los derechos humanos de la población. Miles de personas tuvieron que salir de sus casas para caminar por las carreteras hacia sus regiones de origen porque no se les garantizó su derecho a la alimentación y vivienda. Muchos habían sido desalojados, y según manifestaron a varios de medios de comunicación, no les quedaba ya para comprar comida.

En la selva peruana, el COVID-19 está atacando a la población de manera implacable, avanzando peligrosamente en comunidades indígenas que han sido históricamente ignoradas por el Estado y que enfrentan otros problemas como anemia, dengue o contaminación por derrames petroleros. Así, el nuevo coronavirus se abre paso frente a un sistema de salud precario, y en algunas zonas, prácticamente inexistente, sumado todo ello a la falta de alimentos.

En medio de estas carencias, la población migrante y refugiada en el país parece no estar en ninguna política de respuesta sanitaria y social frente al COVID-19, a pesar de que deben cumplir las medidas de cuarentena como todos los peruanos, sin poder salir a trabajar. Además, ante la falta de sustento básico (muchos de ellos se desempeñan en el sector informal), están sufriendo también desalojos, incrementándose su vulnerabilidad.

Estos son solo algunos ejemplos, pero podríamos continuar con la lista de los derechos vulnerados en este contexto de aislamiento social obligatorio y estado de emergencia nacional iniciado el 15 de marzo.

Afortunadamente, en medio de este panorama desolador, encontramos cómo la solidaridad se abre camino y se reactivan iniciativas sociales como las ollas comunes en diferentes puntos del país, cómo instituciones y personas se organizan para donar alimentos y otros recursos para quienes han perdido sus fuentes de ingreso, o cómo los pueblos indígenas se organizan para poder enfrentar esta pandemia, y contar con un apoyo que no les brinda el Estado. Todas estas iniciativas nos dan esperanza y son prueba de que el Perú saldrá adelante.

Sin embargo, no debemos olvidar nunca que la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de nuestros derechos es del Estado. Esta pandemia nos muestra que es un imperativo garantizar, a corto y mediano plazo, el acceso equitativo y universal a la salud, y a medios de subsistencia mínimos básicos para todas las personas.