El 21 de diciembre del 2021 se aprobó en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, presidida por Esdras Medina, el proyecto de ley para “restablecer la autonomía y la institucionalidad de las Universidades Peruanas”. Desde su nacimiento, este proyecto ha estado acompañado de reclamos. Por ejemplo, el congresista Luis Picón solicitó la rectificación de su voto indicando que desconectaron los micrófonos sin dejarlo replicar. Luego, las protestas no han cesado y el Congreso hace oídos sordos. ¿Por qué tantos criticamos este proyecto que modifica cinco artículos de la Ley Universitaria y que acaba de ser aprobado en primera votación por el pleno?
En primer lugar, este proyecto elimina por completo al Ministerio de Educación (Minedu) como ente rector de la política de aseguramiento de la calidad. Lo borra del primer artículo de la Ley Universitaria y también, dentro de esa lógica, elimina su primera disposición complementaria final que establece mecanismos de fomento para mejorar la calidad de las universidades públicas. Es decir, el Minedu ya no podrá diseñar ni implementar mecanismos para fomentar la calidad. Ya no existirán los fondos del Minedu para mejorar la infraestructura, los procesos e, incluso, los investigadores ya no recibiremos el bono por ser productivos. Algo completamente incomprensible, pero que, dentro de la lógica perversa del nuevo proyecto, tenía que borrarse.
Varios de los artículos del referido proyecto modifican a la Sunedu. En primer lugar, la convierten en un organismo autónomo, como el BCR, pero sin poder, pues también le quitan facultades. Según el proyecto, la Sunedu ya no podrá aprobar o denegar el licenciamiento de facultades, escuelas y programas de estudios. Justamente cuando la Sunedu ha iniciado la importante tarea de licenciar programas de medicina, una política indispensable para asegurar la calidad de los médicos que nos atienden. Esto configura no solo un golpe a la educación, sino uno, y muy duro, a la salud de los peruanos. No solamente necesitamos asegurar una mínima calidad en los programas de medicina, para los programas de ciencias e ingeniería esto también es esencial, al igual que en los de derecho y educación. Cambios sustantivos en la formación de estas carreras podrían cambiar el panorama de los servicios públicos y privados en nuestro país y, con ellos, nuestro futuro. El congresista Esdras Medina y sus secuaces nos están quitando la posibilidad de mayor bienestar y mejor ciudadanía.
Otro punto que el proyecto cambia es la naturaleza del Consejo Directivo (CD) de la Sunedu. En primer lugar, propone que tres miembros sean elegidos por los rectores de las universidades y añade un representante de los colegios profesionales. No es necesario aclarar que un representante defiende intereses y eso es justamente lo que no es deseable. Tampoco se entiende el rol de un representante gremial en el CD de la Sunedu.
Por el lado de los requisitos para ser parte del CD, la propuesta es aun más incomprensible. Debo decir que el CD de la Ley Universitaria asigna perfiles predeterminados de docentes e investigadores con doctorado que conozcan profundamente la realidad universitaria. Aunque persiste el requerimiento de tener doctorado, bajan los requerimientos de experiencia académica y de historia de vida. En lugar de 10 años de trayectoria productiva, cualquiera que tenga seis meses de experiencia postdoctoral puede ser miembro del CD.
Anteayer, me enviaron la agenda de la Comisión de Educación. En el orden del día, se proponía la modificación que elimina el límite máximo de edad para el ejercicio de la docencia universitaria. Me dicen que fue aprobada mientras termino de escribir este artículo. Al parecer, el congresista Medina quiere que trabajemos hasta morir en lugar de proponer un proyecto que atienda el justo reclamo de una pensión digna para los docentes universitarios que solo tienen una CTS incompleta desde el 2017. Tampoco quiere dar espacio a los jóvenes talentos que hemos enviado a formar con fondos del Estado. La ignorancia nunca creerá en el futuro.
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