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A inicios de la actual legislatura, la Comisión de Constitución del Congreso tomó la acertada decisión de constituir un grupo de trabajo para la reforma electoral y encargar su conducción a la congresista Patricia Donayre. De acuerdo con el procedimiento parlamentario, el grupo de trabajo presentará su informe a la Comisión de Constitución para que esta –a su vez– proceda al debate, lo convierta en dictamen y lo lleve al pleno del Congreso. La ruta no es sencilla pero el tema reviste la mayor importancia y concita expectativa en importantes actores sociales y políticos.
La Asociación Civil Transparencia ha presentado sus propuestas al grupo de trabajo y ha exhortado públicamente a dar prioridad –en el marco de un debate de conjunto– a cuatro aspectos urgentes para afrontar las elecciones regionales y municipales del 2018 en mejores condiciones.
La primera está referida a la necesidad de dotar a los organismos electorales de mayores facultades para el control del financiamiento de las campañas y para sancionar –incluso políticamente– a quienes oculten información o reciban aportes de procedencia ilegal. Como señalamos en un pronunciamiento del 22 de noviembre: “La democracia tiene que ser protegida del narcotráfico, la minería y tala ilegales, la trata de personas y otras formas de criminalidad organizada”.
En esa misma línea, es imperioso establecer la prohibición de postular a cargos de elección popular a toda persona que haya sido condenada por narcotráfico, corrupción, violación sexual, terrorismo u homicidio, delitos que atentan gravemente contra la convivencia social y el Estado de derecho. La Comisión Presidencial de Integridad ha agregado en su informe presentado este lunes –y cuya lectura es imprescindible– la prohibición de fundar o ejercer cargos dirigenciales en organizaciones políticas.
Todos queremos que los partidos recuperen confianza y representatividad. Por ello, proponemos que los candidatos surjan de elecciones primarias abiertas. Se trata de que en un mismo día todos los partidos y movimientos regionales realicen elecciones en las que cualquier persona pueda votar para elegir a los candidatos de la organización política de su preferencia. La propuesta de elecciones primarias incluye la alternancia de hombres y mujeres en las listas –lo que tendría especial impacto en las elecciones municipales–, la eliminación del voto preferencial en las elecciones parlamentarias y la participación directa de los organismos electorales para garantizar el derecho y respeto al voto de militantes y simpatizantes.
Las propuestas de Transparencia buscan también fomentar la actividad política en las regiones, provincias y distritos. Las elecciones no son la única oportunidad para ello, pero sí una responsabilidad ineludible para quienes buscan representar los intereses ciudadanos de un país tan diverso como el nuestro. Por ello, proponemos medidas legales para que los partidos políticos compitan en las elecciones del 2018 presentando listas al menos en 40% de regiones y municipios.
El debate va a continuar, hay materia para ello. Al cierre de esta primera legislatura, el Congreso, el Gobierno, los partidos políticos, las instituciones de la sociedad civil y la ciudadanía estamos ante la oportunidad de dar el paso y avanzar en una reforma que apunte directamente a las más graves deficiencias del sistema político y haga frente a las amenazas más urgentes que tenemos que afrontar para darle calidad a nuestra democracia.
