Con la promulgación de la Constitución de 1993 se gatilló un largo proceso de reforma económica que ha experimentado ajustes permanentes: el llamado modelo de economía social de mercado. No ha existido, sin embargo, una reforma política que acompañe a la económica y que nos permita contar con un sistema político moderno que sintonice y aliente el fortalecimiento de la economía del país.
La reforma política tiene varios frentes que atender. Primero, la reforma electoral y de partidos políticos. Luego, la reforma del sistema judicial, que incluye sobre todo al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Consejo Nacional de la Magistratura. En tercer término está la reforma del sistema parlamentario y, por último –y quizá la más compleja, importante y costosa–, está también la reforma del servicio civil, a efectos de minimizar la burocracia y mejorar la eficiencia del servicio público del Estado.
No obstante, no puede haber una verdadera reforma política sin la participación y el compromiso del Poder Ejecutivo. En cada etapa, en cada componente, el gobierno de turno tiene algo que decir. Ahora tenemos una oportunidad histórica para el país. Por primera vez, el Ejecutivo, el Legislativo, los organismos electorales, los partidos políticos y la sociedad civil coincidimos en la necesidad de aprobar una gran reforma electoral. Por primera vez, el Ejecutivo se ha sumado a esta gran reforma, postergada precisamente por la falta de voluntad política en años anteriores.
Más allá de las voces discrepantes sobre por qué el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley sobre reforma electoral está la mirada positiva y alentadora, pues al haber más propuestas, se amplía el debate y eso nos obliga a tomar decisiones de cara a una expectante opinión pública. Saludo tanto la propuesta del Ejecutivo como la del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), porque se trata de iniciativas concretas que avizoran la posibilidad real y ojalá cercana de que logremos sacar adelante esta reforma electoral.
Entre otras cosas, el Ejecutivo plantea reducir la valla para la inscripción de partidos políticos del 4% a 1% del padrón electoral. Sugiero, para evitar la atomización de las fuerzas políticas, encontrar un punto intermedio y razonable en el 2%, con un sistema de control en el que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el JNE se fortalezcan cada día para fiscalizar a los denominados partidos “cascarón”.
Otros de los planteamientos del Ejecutivo que quisiera destacar, pues me parecen positivos, son la búsqueda de la transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas y la prohibición a los sentenciados por delitos contra el Estado de tentar candidaturas de elección popular.
El debate en la Comisión de Constitución recién empieza y el Parlamento debe saber que sin Ejecutivo no hay reforma, y viceversa. Las propuestas son muchas, este fue solo un pincelazo. Bienvenido el debate.