No socavar la estabilidad del país, por Jorge Antonio Delgado

Las instituciones de microfinanzas (cajas rurales, edpymes, financieras especializadas y cajas municipales) son organizaciones que canalizan financiamiento productivo a clientes de ingreso bajo, como microempresas y trabajadores por cuenta propia, y que normalmente no tienen acceso a fuentes tradicionales de financiamiento.

Cuando hablamos del desarrollo de las microfinanzas en nuestro país, nos encontramos con un panorama bastante favorable en términos de liquidez y apoyo al micro y pequeño empresario. Hablamos de más de 3 millones de clientes en todo el país, a quienes se les ha otorgado más de S/50.000 millones en créditos, administrando ahorros por S/42.000 millones con tasas de intereses que bordean entre 5% y 6% en promedio. Esto, sin duda, es motivo de orgullo para todas las instituciones que mantienen una comunicación cercana con los clientes.

Desde que comenzó la emergencia sanitaria nos hemos enfocado en atender a todos nuestros clientes a fin de poderlos ayudar con las reprogramaciones de sus préstamos en función de sus necesidades. Además de ello, participamos activamente en los programas de apoyo implementados por el Ministerio de Economía y Finanzas, tales como Reactiva Perú y FAE Mype, con líneas de financiamiento que apoyan a los micro y pequeños empresarios en este momento de incertidumbre para todos.

Hoy, el Congreso de la República baraja una serie de propuestas para suprimir los intereses de los créditos y congelar las cuotas de pago por varios meses, proyectos que, de concretarse, traerían consigo un panorama sombrío para la economía nacional. Lo explico a continuación.

En primera instancia, este tipo de propuestas atenta contra la cadena de pagos de las microfinancieras, cuya principal fuente de ingresos son los intereses de los préstamos, lo que a su vez nos permite cumplir con los compromisos de pago de intereses de cara a nuestros ahorristas, colaboradores, proveedores, etc. En segundo lugar, limitaría la competencia entre instituciones del sistema financiero dispuestas a atender estos segmentos que requieren un conocimiento especializado en particular. Finalmente, podría llevar a muchas de estas instituciones a situaciones de insolvencia, impactando negativamente en el ahorro de millones de peruanos. Esto implicaría que las pymes se tendrían que financiar con mecanismos que no son muy beneficiosos y que incluso rozan con la legalidad (agiotistas o prestamistas informales, gota a gota, entre otros).

No somos ajenos a las necesidades de la población emprendedora, es por ello que venimos trabajando uno por uno con nuestros clientes para darles facilidades, pero modificar irresponsablemente las medidas prudenciales ya tomadas no haría más que frenar la innovación financiera y afectar la recuperación del país pos-COVID-19.

Desde Asomif, invocamos con respeto al Congreso y a todos sus miembros a actuar con responsabilidad y nos ponemos a disposición para contribuir a un debate de carácter técnico que busque apoyar a nuestros ahorristas como a nuestros clientes con financiamiento productivo y con medidas que no pongan en riesgo la sostenibilidad de las instituciones de microfinanzas en nuestro país.