La modernización de nuestros sindicatos de trabajadores está en marcha.
La Confederación Nacional de Trabajadores del Perú (CGTP) acaba de suspender su participación en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), espacio en el que se venían debatiendo diversas reformas. Las razones no pudieron ser más técnicas. Según su presidente, Gerónimo López, la Confiep gobierna el Ministerio de Trabajo y seguramente los ministros o empresarios no podrían vivir con S/850. De hecho, en un comunicado oficial, la CGTP ya había anticipado su decisión con un discurso similar. “El empresariado no está dispuesto a ceder para modificar esta nefasta legislación porque esta [se] ajusta a los intereses y objetivos del proceso de acumulación del gran capital”.
Sin embargo, les aseguro que nadie ha quedado en ‘shock’ ni con la noticia ni con las excusas esgrimidas. Hace semanas que nos venían preparando para un evento así.
El 17 de marzo, por ejemplo, el sindicato de trabajadores de la compañía Lindley se negó a trabajar horas extra, básicas para atender la demanda de agua y la necesidad de ayuda humanitaria en medio de El Niño costero. La razón: según sus líderes, el año anterior la empresa había tenido utilidades históricas, y como aún estaban negociando cuánto más debían recibir los trabajadores por este concepto, no trabajarían ni una hora más. Incluso amenazaron “a los afiliados que incumplan las medidas adoptadas [pues] se les aplicará el reglamento de disciplina”.
En abril, casi 3.000 trabajadores sindicalizados de la minera Southern estuvieron en huelga (declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo). “Estamos afincados –afirmaba José Espejo, dirigente del sindicato– en cada lado de la línea férrea porque no vamos a dejar que pase el tren”. El motivo: percibir también un porcentaje mayor de utilidades. Para conseguir su meta, bloquearon el tren y, por lo tanto, detuvieron la producción que justamente genera las utilidades que reclaman.
Pero si su enfoque vanguardista sobre estos temas financieros fuera poco para confirmar que nuestros sindicatos van en la senda correcta, analicemos el desempeño de sus políticas anticorrupción. En diciembre del año pasado, se descubrió una mafia –dirigida nada menos que por Gerson Gálvez, ‘Caracol’– que había constituido un sindicato de trabajadores en el Callao. Este sindicato, por cierto, implementaba un mecanismo bastante común en el puerto: cobraba cupos y extorsionaba a sus trabajadores para permitir que diversas obras, como la ampliación de la Costa Verde y el muelle de minerales de la Base Naval, se ejecuten.
O recordemos Chilca, en donde se conformó otro sindicato para implementar el mismo modus operandi, pero esta vez para traficar con terrenos públicos o privados. El sindicato 15 de Enero, alrededor del cual se articulaban autoridades públicas, policías corruptos, sicarios, extorsionadores y traficantes de terrenos, servía como una organización de soporte para causar zozobra y miedo en la población de este distrito.
Sí, estimado lector, he sido irónico. No hay ninguna modernización sindical en marcha. Pero la ironía revela también cierto grado de indignación. Si todos nos esforzamos a trompicones por construir un país más democrático, moderno y transparente, bajo la perspectiva de un modelo económico e institucional que, aún con ciertos vacíos y ajustes pendientes, funciona bien, ¿por qué no podemos exigirle exactamente lo mismo a nuestras organizaciones sindicales? ¿Por qué les permitimos hacer lo mismo y ser más de lo mismo cada 1 de mayo?
Estoy seguro de que después de leer estas líneas sentirá el mismo anhelo que yo: que llegue pronto el día en que nuestros sindicatos se conviertan en organizaciones democráticas, transparentes y técnicas, que dialoguen con una mirada de apertura. Lo penoso es que la CGTP y nuestros sindicatos nos recuerdan todos los días que ese día está lejos. Muy lejos.