Mitos y realidades sobre el agua, por Francisco Dumler Cuya

América Latina ha asumido el ambicioso y valiente compromiso de reducir la brecha de inversión en agua y saneamiento –que en nuestro país supera los S/53.000 millones– a través de iniciativas y esfuerzos conjuntos entre el Estado y el sector privado, que posibiliten el acceso universal y equitativo al agua potable y a los servicios de saneamiento para el 2030.

Este es el reto más esperanzador que nos dejó la IV Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (Latinosan), que se realizó en Lima la semana pasada, donde 16 países compartimos experiencias inspiradoras, nuevas tecnologías e innovadores modelos de gestión que pueden ayudarnos a mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable de nuestra región.

En nuestro país, cerca de nueve millones de personas viven en zonas rurales. Desde mediados del 2011 se han realizado esfuerzos muy importantes para duplicar el número de habitantes rurales con acceso a agua potable y servicios de saneamiento, incrementando esta cifra de tres millones a seis millones de peruanos y subiendo la cobertura nacional de agua del 77% al 87%.

Contar con estos servicios para un niño de una familia pobre en las áreas urbano-marginales constituye la gran diferencia entre estar condenado a la pobreza eterna y tener una oportunidad para desarrollarse. Estas familias pagan el agua más cara de nuestro país: hasta S/12 por cada metro cúbico que compran a camiones-cisterna, seis veces más de lo que paga una familia con conexión domiciliaria por la misma cantidad de agua potable.

El Estado ha invertido a lo largo de este quinquenio S/12.000 millones en el sector agua y saneamiento. El 35% de este monto se destinó al mantenimiento y reposición de redes de agua y alcantarillado para asegurar una infraestructura sostenible del servicio (dos veces lo ejecutado durante los cinco años anteriores al 2011). El resto se invirtió en la ampliación de nuevas redes y plantas potabilizadoras y de tratamiento. 

Sin embargo, a todas estas realidades se oponen mitos creados por grupos de interés minoritarios enquistados en las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) que pretenden detener los necesarios cambios en la forma en que se administran la infraestructura, la cobertura –en las que tantos recursos ha invertido el Estado– y la calidad de los servicios que se brinda a la población.

El primer mito es el de la privatización de la infraestructura de agua potable y alcantarillado, cuando la realidad es que se trata de procesos de concesión en los que el Estado jamás pierde la propiedad de las instalaciones y equipos. Más aun, el Estado, y los privados que quieran operarlos, seguirán invirtiendo en la mejora de esa infraestructura.

Una iniciativa privada es, como su nombre lo dice, una propuesta de un privado al Estado Peruano –vía Pro Inversión– ofreciendo una inversión en servicios públicos y obras públicas a través de asociaciones público-privadas. La gran lección de Latinosan es que todos los países de América Latina, sin excepción, propugnan este tipo de inversiones, incluso la concesionaria integral del agua en la ciudad de La Habana, Aguas de La Habana.

El segundo mito es que, para recuperar su inversión, las concesionarias incrementarán las tarifas, tanto, que nadie podrá pagarlas, cuando en la realidad, nadie –ni siquiera el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el ente rector– puede modificar las tarifas, sin la aprobación del ente regulador (Sunass). 

Además, en nuestro país, en promedio por cada 100 litros de agua producido, solo se facturan 50; y, de ellos, solo se cobran 25. Con solo hacer más eficiente la facturación y la cobranza, un privado podría más que duplicar los ingresos de la EPS y generar márgenes de rentabilidad suficientes para reinvertir en la mejora de la infraestructura de estos servicios y hacerla autosostenible.

Así, evitaría que el Estado siga subvencionando a empresas como Sedapal, que durante los últimos cinco años ha recibido transferencias por S/1.791 millones para desarrollar nuevos proyectos y ampliar la cobertura del 10% de limeños que hoy no tienen el servicio domiciliario de provisión de agua.

El tercer mito es que la inversión privada limitaría el acceso universal a estos servicios básicos, algo que va en contra de la lógica elemental, pues, por el contrario, lo que necesitan los inversionistas es ampliar la cobertura del servicio para tener más clientes. Esta es una vía más rápida hacia la cobertura universal de los servicios básicos.

Estamos ante la toma de decisiones muy importantes para nuestro futuro y es preciso que, más allá del tiempo que le quede a esta gestión, tengamos claro que lo que queremos como usuarios de los servicios de agua y desagüe son suministros modernos e inclusivos, tarifas adecuadas y un producto de calidad. Es tiempo de asumir retos y evitar que la defensa de los privilegios de pequeños grupos se imponga a la necesidad de millones de peruanos.