Así como las fortunas familiares se preservan por generaciones con reglas para la administración de las herencias, los países deben seguir reglas fiscales, que son límites a cómo, cuánto y cuándo pueden los gobiernos endeudarse y gastar por encima de sus ingresos. Es consenso entre los economistas que el rol principal de las autoridades fiscales es controlar el déficit.
Las reglas fiscales han sido adoptadas por casi todos los países en el mundo moderno. Para que funcionen, deben ser transparentes y creíbles. Su cumplimiento debe ser estricto y supervisado por una institución independiente. No debe haber espacio para artificios contables ni estadísticos.
En el Perú tenemos reglas fiscales modernas desde la Ley de Transparencia y Prudencia Fiscal de 1999, que estuvo vigente con pocos cambios hasta la Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del 2013. Con la nueva ley, la supervisión fiscal dejó de ser responsabilidad del Banco Central para pasar al Consejo Fiscal y se cambió la metodología de cálculo de las reglas a una basada en el denominado PBI estructural.
El objetivo de estos cambios fue darle al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mayor discrecionalidad para aumentar el gasto en medio de la desaceleración. En lenguaje técnico, evitar la prociclicalidad del gasto. Estos cambios no eran necesarios porque había ahorros para gastar. Los gastos en la escasez se deben financiar con los ahorros de la abundancia. Por otro lado, financiarse con altos déficit tiende a producir menor y no mayor crecimiento económico.
Como era de esperarse, las nuevas reglas fiscales están dando malos resultados. No solo el crecimiento económico no se recuperó, sino que caen los ahorros del gobierno, los déficits fiscales son cada vez mayores, los límites al déficit se relajan y aumenta el endeudamiento, en lugar de disminuir como venía sucediendo por casi una década.
Esto se debe a varias razones. La primera es que se ha perdido la transparencia en la aplicación de la regla. No existe una metodología universalmente aceptada de estimación del PBI estructural y al final su cálculo se reduce a una opinión: si se piensa que se debe aumentar el gasto es porque aquel está por encima del PBI observado, lo que convenientemente también dará un menor déficit cuando se calcula en relación al PBI estructural.
El marco de control es ahora más débil. El Banco Central, como institución autónoma conformada por funcionarios de carrera, es más independiente del MEF que el Consejo Fiscal, cuyos miembros no solo son nombrados por el mismo MEF, sino que pueden ocupar en paralelo cargos de confianza en los ministerios o de representación del Ejecutivo, produciéndose situaciones de conflictos de intereses.
Finalmente, se perdió la credibilidad. Perder la confianza en que las reglas actuales se cumplirán en el futuro sin cambios tiene implicancias para la inflación, el tipo de cambio y el costo del crédito. En la medida que el déficit siga alto y haya incertidumbre sobre cuáles serán las políticas fiscales en el futuro, también seguirá resentido el crecimiento económico.
No se consigue reactivar el crecimiento económico con mayor incertidumbre, mayor déficit o un mayor endeudamiento que nos exponga a una futura crisis fiscal. Es alentador que el MEF haya anunciado que se dejará de usar el cálculo de la regla fiscal con el PBI estructural. Ojalá se revise integralmente el marco de política fiscal de la administración anterior.