Creo que lo primero que debemos preguntarnos es si se justifica la intervención del Estado en el mercado con el fin de combatir la obesidad. Considero que sí. Si bien es cierto que las externalidades causadas por la obesidad no son tan directas como la causada, por ejemplo, por el consumo de cigarrillos, el costo indirecto a través de impuestos para solventar el gasto público en salud es bastante grande. En Estados Unidos, por ejemplo, se calcula que el 20% de todo el gasto en salud está destinado a enfermedades relacionadas con obesidad. La obesidad adulta en el Perú es la mitad de la de Estados Unidos, pero la obesidad infantil ya está cerca al 75% de la de Estados Unidos. Si no paramos el crecimiento en obesidad que está teniendo el Perú, todos vamos a terminar pagando la cuenta.
Ahora bien, ¿un impuesto a las bebidas azucaradas es una medida efectiva para reducir los niveles de obesidad y mejorar los niveles nutricionales de las personas? En teoría, al menos, podría serlo. Muchas personas creen que un impuesto como este, aun cuando fuese efectivo en reducir el consumo de bebidas azucaradas, tendría poco efecto en los niveles de obesidad, dado que las bebidas representan un porcentaje pequeño del total de calorías que consume una persona en promedio. Este análisis, sin embargo, es incorrecto. Cambios pequeños, pero permanentes, en el consumo de calorías pueden generar importantes impactos en el índice de masa corporal y en los niveles de obesidad. Por ejemplo, una investigación del 2003 realizada en Estados Unidos estimó que el consumo adicional de tan solo una lata de bebida gaseosa al día podría explicar el aumento en la obesidad en ese país de cerca de 15% en 1975 a 30% a finales del siglo pasado. Adicionalmente, las bebidas azucaradas, a diferencia de los alimentos sólidos, tienen un sustituto relativamente barato y con cero calorías: el agua. Aun cuando los alimentos sólidos altos en calorías pueden reemplazarse por alimentos bajos en calorías como las verduras, los primeros tienen mayor capacidad para saciar el hambre que los segundos. Lo mismo, sin embargo, no parece ser cierto para los alimentos líquidos, especialmente para aquellos que solo contienen carbohidratos.
El problema es que en países como el Perú, no todos los individuos tienen acceso barato al agua potable. En un estudio que realicé, encontré que la caída de precios en las gaseosas que se dio a finales de los años 90 en el Perú generó un aumento en el consumo de estas, y un consecuente aumento en los niveles de obesidad, pero también una reducción en los niveles de diarrea en mujeres adultas sin acceso a agua potable en sus viviendas. Esta evidencia sugiere que para un sector de la población las bebidas gaseosas son un sustituto de agua contaminada. Si a algunos sectores de la población no les gustan las bebidas dietéticas y prefieren consumir agua barata, aun cuando esta pueda estar contaminada, que pagar por agua en botella, entonces el impuesto a las gaseosas podría generar un aumento en las enfermedades diarreicas.
¿Qué debemos esperar entonces del actual impuesto a las bebidas azucaradas? Siempre es difícil predecir sin hacer un número grande de supuestos, pero creo que lo más probable es que el efecto neto en salud sea bastante modesto pero positivo. Primero que nada, el efecto en el consumo de bebidas azucaradas es de esperarse que sea moderado, ya que el impuesto no es muy grande. Asumiendo que las empresas de bebidas trasladen todo el impuesto al precio final (cosa que muchas veces no pasa), el aumento, por ejemplo, de una gaseosa pequeña sería alrededor de 0,16 soles. La reducción en obesidad es de esperarse, por lo tanto, que sea moderada también, más aun tomando en cuenta que las personas pueden sustituir estas con bebidas azucaradas en casa. Afortunadamente, el efecto en diarrea debería ser aun menor. Primero, porque solo afectaría a familias que no cuentan con acceso (barato) a agua limpia. Segundo, porque el porcentaje de familias con acceso a agua limpia, por un lado, y el consumo de gaseosas dietéticas y de agua embotellada, por otro lado, han aumentado considerablemente en las últimas décadas en el Perú.
Para concluir, quisiera resaltar que, al margen de que el efecto del impuesto sea positivo o no, ciertamente no va a ser suficiente para frenar el crecimiento en los niveles de obesidad. El gobierno debería complementar las medidas impositivas primero que nada con el acceso universal a agua limpia para evitar efectos no deseados en enfermedades diarreicas. Más aun, el gobierno debe facilitar el acceso a agua potable dentro de las viviendas. Resultados preliminares de otro estudio que estoy realizando en Marruecos y en Filipinas muestran que el acceso a agua potable en las viviendas disminuye no solo el consumo de bebidas gaseosas, sino también el consumo de alimentos fuera de casa y, con esto, los niveles de obesidad. Si algunos individuos tienen que caminar y cargar baldes pesados de agua para poder tomar agua, cocinar y lavar platos, es entendible que muchos de ellos prefieran pagar por gaseosas y comida chatarra ya preparada. Finalmente, el gobierno debe realizar medidas que mejoren la calidad y la difusión de información a todos los rincones del Perú. La obesidad ya no es únicamente un problema urbano. El Perú ha sido señalado como un ejemplo a seguir por su eficacia en la reducción de la desnutrición crónica infantil. Que el próximo reto sea convertirnos en un ejemplo de la lucha contra la obesidad.