A pesar de los importantes avances de la campaña de vacunación contra el COVID-19, nuestro país mantiene una de las coberturas más bajas de la región. En general, empezamos a constatar que no será suficiente con asegurar la disponibilidad de vacunas ni acelerar el ritmo de vacunación.
Para una estrategia más efectiva, se requiere informar sobre las decisiones con datos sobre preferencias y actitudes de la población más reacia a vacunarse. Por ello, desde el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) realizamos una encuesta a 2.000 peruanos durante el mes de julio. Así, encontramos que un 13,8% de los encuestados rechazan vacunarse contra el COVID-19, una tasa igual a la que identificó Ipsos Apoyo en el mismo mes. Descubrimos que las mujeres, las personas de nivel socioeconómico más bajo, los ciudadanos del interior del país y los jóvenes muestran un mayor rechazo a ser vacunados; hallazgos que concuerdan con los datos de vacunación del Ministerio de Salud (Minsa).
A través de la presentación de situaciones hipotéticas, indagamos acerca del nivel de confianza que las personas presentan con respecto a diversas modalidades de vacunación disponibles.
Encontramos, en primer lugar, que en el Perú existe una preferencia clara porque sea el sector público (y no el privado) el que aplique la vacuna. Esta preferencia es independiente del nivel socioeconómico de la persona y, probablemente, se base en una desconfianza en el interés del sector privado por ofrecer un bien público. El resultado debe llamar la atención a los prestadores privados de salud sobre la baja credibilidad con la que cuentan ante la ciudadanía luego de las denuncias de cobros exorbitantes para la atención de pacientes con COVID-19.
En segundo lugar, encontramos una preferencia a recibir las vacunas Pfizer (de Estados Unidos) y un notable rechazo a vacunarse con la Sinopharm (de China). Constatamos, así, el daño producido por la campaña de desinformación contra Sinopharm durante la última campaña electoral. Es importante recalcar que la evidencia sugiere que la vacuna Sinopharm sí es efectiva. Entonces, se requiere trabajar para aumentar la confianza en esta vacuna.
En tercer lugar, encontramos que las personas presentan un mayor rechazo a vacunarse si se ofreciese un pago a cambio o si tuviese que pagar por la vacuna. La opción preferida es que la vacuna continúe siendo gratuita. Esto es similar a lo hallado en otros países en estudios que sugieren que los incentivos económicos para que las personas se vacunen funcionan de manera diferente en contextos de desinformación e incertidumbre.
Finalmente, quienes rechazan las vacunas presentan, por un lado, una preocupación mayor por los posibles efectos secundarios de las mismas –destacando el temor entre las mujeres en edad de gestación por los efectos en el embarazo– y, por el otro, mayores creencias conspirativas –concentradas entre los jóvenes y las personas de sectores socioeconómicos más bajos–. Mientras que el primer aspecto puede trabajarse desde una campaña informativa, el segundo será más difícil de revertir.
En suma, para superar la reticencia a la vacuna se requieren campañas focalizadas basadas en evidencia que sigan el lema de “poblaciones específicas, medidas específicas”. Esto es más urgente hoy, pues la disposición a vacunarse se incrementa cuando los casos y muertes lo hacen. No esperemos a que eso vuelva a suceder para animarnos a poner el hombro.
* En colaboración con Paula Muñoz, Feline Freier y Samuel Arispe, del CIUP.
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