El sector hidrocarburos representa un aporte importante a la economía del país. Así quedó demostrado en abril de este año cuando un estudio elaborado por la Sociedad Peruana de Hidrocarburos reveló que su contribución al PBI ha presentado un crecimiento promedio anual del 10% del 2007 al 2013, representando, en el mismo período, un total agregado de S/.70 mil millones para la economía peruana.
Las regalías de hidrocarburos son diez veces mayores que las regalías provenientes del sector minero. Seis de cada S/.100 recaudados por la Sunat en impuestos (Impuesto a la Renta, Impuesto a la Distribución de Dividendos, Impuesto General a las Ventas) provienen del sector hidrocarburos. Asimismo, más del 50% del financiamiento de los presupuestos de las regiones Cusco, Piura, Tumbes, Ucayali, Huánuco y Loreto corresponde a los hidrocarburos.
Sin embargo, la crisis actual que afronta la industria y que se aprecia en la caída sostenida de la producción de crudo por la falta de inversión en exploración, las licitaciones frustradas, la baja en el precio internacional del petróleo y la declaración de lotes en fuerza mayor no permitirán generar este año el mismo nivel de recursos económicos que contribuyan al desarrollo y progreso del país.
Para impulsar el sector y cambiar este panorama adverso, nuestro gremio presentó al gobierno un grupo de medidas que incentiven su crecimiento enfocándose en el aprovechamiento del potencial hidrocarburífero, la creación del viceministerio de hidrocarburos, reformas en el manejo de los conflictos sociales y un entorno normativo que estimule su reactivación.
A pocas semanas de culminar el año, vemos con preocupación la inacción frente a las propuestas planteadas, observando por el contrario algunas trabas para las empresas que aún invierten en el país. Por ejemplo, en materia de fiscalización ambiental no se está respetando el derecho que tienen los administrados de apelar en instancias judiciales las sanciones atribuidas por el organismo fiscalizador.
En la Sociedad Peruana de Hidrocarburos creemos que la fiscalización es un componente vital en la protección al medio ambiente, que es acogida plenamente por las empresas del sector. Por ello, resulta indispensable que los fiscalizadores cumplan debidamente con sus deberes y atribuciones, respetando la ley e independencia de poderes, sin llegar a excesos que generen situaciones de asimetría y contenciosos judiciales con las empresas supervisadas.
Las autoridades, los reguladores y la opinión pública deben entender que nuestro gran reto como país es convertir esas riquezas que están en el subsuelo en herramientas para el desarrollo de nuestra patria y de todos sus ciudadanos, que debemos unirnos para convertir al Perú en un país atractivo para la inversión petrolera, creando mejores condiciones que otros para la exploración y la explotación.
El sector hidrocarburos representa el futuro de más inversión, regalías, canon y sobrecanon para las regiones, más oportunidades de trabajo alrededor de la industria y más recursos que contribuyan con el desarrollo local. Continuar el camino actual sin las reformas que se requieren y sin un sistema judicial independiente no solo es insostenible para la continuidad de la industria, sino perjudicial para la economía del país.