El cine merece más

El domingo pasado fue publicado el decreto de urgencia que busca promover la actividad cinematográfica y audiovisual en nuestro país, forma elegida por el Gobierno para promulgar la llamada “nueva ley del cine”. El decreto es copioso en finalidades (¡tiene ocho!), pero, en concreto, establece dos medidas para la promoción de la industria: el incremento de estímulos económicos y la deducción de donaciones a asociaciones con fines culturales, ampliándolo a personas naturales. La solución que plantea el Gobierno es simple: más dinero.

De ello podríamos colegir que la problemática del cine nacional se limita a la ausencia de financiamiento. Sin embargo, esto desconoce otros temas de relevancia. Personas vinculadas al sector audiovisual, a través de redes sociales o columnas de opinión, han señalado algunos: la necesidad de regular las negociaciones con salas de exhibición comercial, la informalidad en la contratación de servicios en la etapa de realización o la falta de oportunidades para las mujeres que hacen cine, entre otros.

El problema con este debate, que también es en esencia el problema del decreto, es su empirismo. Las experiencias y conocimientos de los agentes del sector son de sumo valor, pero es responsabilidad del ente rector –el Ministerio de Cultura– sistematizarlos y generar información de utilidad pública. Lamentablemente, esta tarea no ha sido realizada. Al igual que muchas otras iniciativas legislativas en nuestro país, la nueva norma carece de un adecuado sustento técnico, lo que desatiende las recomendaciones de la OCDE sobre calidad regulatoria.

De esta forma, la aprobación del nuevo decreto deja traslucir un problema más profundo: la debilidad institucional del ente rector. Desde su creación, el Ministerio de Cultura no ha logrado dimensionar su ámbito de acción en la promoción de las industrias creativas, uno de los sectores menos analizados de la economía nacional. Las oficinas encargadas de su promoción carecen de información estadística fiable o estudios de campo regulares. En medio de esa oscuridad, los cambiantes ministros han optado por una suerte de sustituto imperfecto: nombrar en cargos directivos a “personas que conocen el sector” pero con poca experiencia en gestión pública, muchas veces propensos a responder a intereses gremiales.

En el caso concreto de la producción audiovisual, el ministerio se ha mostrado incapaz de dar un diagnóstico certero sobre la industria a fin de justificar dónde deben invertirse los recursos. Se presenta como indicador de avance el número de postulaciones a los fondos concursables, o la cantidad de premios que se entregan, pero no existe información sobre su impacto real en el sector. Más preocupante aún es la falta de transparencia sobre lo que se hace con el dinero que se desembolsa. Desde hace más de veinte años se convocan concursos de cine y, hasta lo que tengo conocimiento, nunca ha sido publicado un reporte de la dirección encargada de los concursos que dé cuenta sobre cómo ha sido gastado el dinero por parte de los ganadores o sobre cuántos proyectos terminaron en el estreno de una película. La información existe, pero no ha sido procesada.

Es tarea del Estado generar condiciones para el desarrollo del trabajo creativo y así los ciudadanos puedan acceder a una oferta cultural diversa. Para promover las industrias culturales, con responsabilidad y transparencia, resulta necesario delimitar los ecosistemas de cada actividad creativa. Es decir, identificar a los agentes involucrados (creadores, productores, públicos) y la forma en la que interactúan a fin de determinar qué es necesario regular o en dónde deben invertirse los recursos públicos.

En buena cuenta, la ausencia de este trabajo previo responde a la falta de modernización del Ministerio de Cultura, una institución marcada por la inestabilidad. ¿Dinero para el cine? Sí, pero no basta. El cine y los ciudadanos merecemos más.

*La autora ha sido coordinadora legal de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura.