El elefante en la habitación

La gran mayoría de los estudios de nuestro buen desempeño macroeconómico coinciden en el rol de la estabilidad fiscal mantenida a lo largo de muchos años por gobiernos de distinta ideología. A pesar de haber usado la política fiscal para estimular la economía durante épocas de desaceleración económica, siempre hemos vuelto a ajustar nuestras finanzas públicas y mantenido la estabilidad fiscal. De esta forma, nos diferenciamos de otros países que han caído en crisis fiscales y han perdido lo que los economistas llamamos el ancla fiscal.

Al revisar el reciente desempeño de las finanzas públicas –una consecuencia del despilfarro del gobierno del expresidente Pedro Castillo– uno se pregunta si no estamos convergiendo hacia una crisis fiscal; es decir, si no es el elefante en la habitación que nadie quiere ver. En el 2022, el MEF, en su Marco Macroeconómico Multianual, daba cuenta de un aumento “permanente” en la recaudación. Lo atribuía a las medidas para combatir “la evasión y elusión” que había tomado la Sunat y que habían logrado “cambiar el comportamiento de los contribuyentes” hacia un mayor cumplimiento tributario.

Pero los estimados recientes de recaudación tributaria parecen desdecir al MEF. Según las estadísticas a mayo publicadas por el BCR, la recaudación tributaria, ajustada por la inflación, cayó en 15,7% con respecto al mismo mes del año anterior. Más aún, si tomamos los grandes impuestos recaudadores como, por ejemplo, la recaudación de personas jurídicas (léase empresas), vemos que cayó en 27,2%; el Impuesto General a las Ventas, en 13,1%; y el Impuesto Selectivo, excluyendo combustibles, en 11,3%.

En su reciente informe de inflación, el BCR atribuye la menor recaudación a la caída en los precios de las materias primas, a la desaceleración de la economía en el primer trimestre y a los beneficios tributarios otorgados a distintos distritos declarados en emergencia, primero en el sur y después en el norte. De hecho, las explicaciones de la caída en la recaudación son cíclicas y no queda claro cuáles fueron las reformas “permanentes” a las que aludía el MEF. Nuevamente, quedamos expuestos a los factores cíclicos y no se hizo ningún esfuerzo durante el gobierno de Castillo por ahorrar esos ingresos extraordinarios producto de los altos precios de los minerales.

Lo que sorprende es que el déficit no haya aumentado más y solo haya llegado, en promedio, al 2,4% del PBI en los 12 meses que terminan en mayo. Una posible explicación es el efecto de la inflación. De hecho, los sueldos y salarios ajustados por la inflación casi no cayeron, solo 0,2%; mientras que el gasto primario (excluyendo los intereses de la deuda) lo hizo en 3%; y las transferencias, en 14,4%. Más aún, la formación bruta de capital cayó en 14,7%. Estos son efectos de naturaleza transitoria y conforme converja la inflación a la meta del BCR deberían aumentar. No solo eso, sino que se ha hecho el gasto corriente muy rígido, por ejemplo, producto del populismo salarial, y será muy difícil de revertir.

Aquí uno se pregunta: si el déficit ya llegó al límite máximo de 2,4% fijado en la regla fiscal que fue aprobada por el Congreso, ¿cómo hará el MEF para financiar los mayores gastos ordinarios y los extraordinarios, como podrían ser los del fenómeno de El Niño que se viene anunciando desde hace meses?

En una decisión del Congreso, poco transparente en mi opinión, se optó por incorporar al presupuesto de este año créditos suplementarios por S/8.232 millones del excedente del año pasado, de los cuales S/5.700 millones deberían ingresar a la cuenta de contingencia del MEF. De otra forma, se incrementan los ingresos de este año con los excedentes del año anterior. Lo transparente hubiese sido aportar estos fondos extraordinarios al Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), como manda la Ley de Transparencia Fiscal, y usarlos para financiar la emergencia de El Niño y no otros gastos, según establece la gobernanza de dicho fondo.

Al incorporar estos fondos al presupuesto del 2023, solo hemos aumentado artificialmente los ingresos del presente año, pero no está permitido trasladarlos a años posteriores, como sería el caso si se hubiese usado el FEF. Esto hará más difícil el ajuste fiscal en el 2024 y los siguientes años, cuando la regla fiscal anticipa una reducción del déficit al 1% en el 2026. Más aún, y contrario a las recomendaciones del buen manejo fiscal, el MEF ha empezado a otorgar exoneraciones tributarias a distintos sectores económicos, erosionando la base tributaria y aumentando el incumplimiento tributario, lo opuesto a lo que se debería promover, y haciendo el ajuste fiscal en los siguientes años aún más difícil.

El tema del endeudamiento tampoco se percibe tan promisorio a pesar de que tenemos una de las razones de deuda al PBI más bajas en América Latina, llegando en mayo a solo 33%, si se calcula la deuda bruta, y a solo 19,3%, si descontamos los saldos del Tesoro. Sin embargo, según el reciente informe de inflación del BCR, las necesidades de financiamiento este año llegarán a S/45.000 millones, lo que equivale a casi el 5,5% del PBI debido al abultamiento de las amortizaciones, que llegaron al 3,1%, cuando el promedio de los últimos años fue de solo 0,3%.

Es cierto que la reciente operación de deuda alivia en algo estas amortizaciones, pero obliga al MEF a salir a emitir más deuda en un momento en que existe una restricción crediticia internacional.