Diplomacia presidencial

La denominada diplomacia presidencial no es una novedad, de hecho, ya está enquistada en la práctica diplomática internacional. Hasta hace pocas décadas, era frecuente la realización de “visitas de Estado” que se extendían por dos o tres días, con ofrendas florales, banquetes y sesiones solemnes, incluyendo el discurso del jefe de Estado visitante ante el Parlamento.

Actualmente, la diplomacia presidencial se expresa, más bien, a través de las denominadas “visitas de trabajo”, que se han convertido en el instrumento diplomático por excelencia. Durante mi estadía en Washington en el cargo de embajador del Perú, no pasaba semana en la que uno o dos jefes de Estado o de Gobierno no sostuvieran una reunión con el presidente de EE.UU. en una “visita de trabajo”, seguida de reuniones con altas autoridades de la administración estadounidense. Estas visitas a Washington también son importantes por su amplia repercusión en la prensa internacional y las redes sociales.

En los últimos años, el Perú ha desarrollado con los países vecinos el denominado Gabinete Binacional, presidido por el jefe del Estado Peruano y su homólogo de un país fronterizo. Esta modalidad fue inaugurada con Ecuador como fruto de los Acuerdos de Paz de 1997, y se celebra también con Bolivia, Colombia y Chile.

Las “visitas de trabajo” entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) son cónclaves frecuentes que tienen la finalidad de analizar los temas de la unión de los 27 estados en lo político, económico, comercial, etc. Se realizan también reuniones anuales entre los países integrantes del G7 (que ya lleva 49 reuniones cumbre), así como aquella que convoca a los 21 líderes del APEC (Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico). En estas reuniones multilaterales, los jefes de Estado y de Gobierno suelen poner en agenda también reuniones bilaterales con sus colegas para puntualizar temas de interés común.

Es así que, al tejerse relaciones de confianza entre los jefes de Estado y en la búsqueda de coincidencias en la promoción de los intereses políticos, económicos o comerciales de sus respectivos países, se da paso al tratamiento de los asuntos de Estado al más alto nivel político. Esto lo viví personalmente –por poner solo dos ejemplos– en la relación que estableció el expresidente Alan García con el exmandatario Rafael Correa de Ecuador y que, finalmente, facilitó el feliz término de la negociación entre los excancilleres García Belaunde y Patiño para la concreción del acuerdo de delimitación de la frontera marítima entre ambos países en mayo del 2011. Asimismo, a raíz de su visita a la Casa Blanca en febrero del 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski logró establecer una relación de confianza con su homólogo Donald Trump, que fructificó en frecuentes consultas telefónicas de Trump a PPK sobre asuntos de política regional, lo que le permitió al entonces presidente del Perú una inusitada influencia en Washington en el lapso de su corta gestión de gobierno.

Ya aprobado el dictamen por la Comisión de Constitución y en primera votación por el pleno del Congreso del proyecto de ley que propone modificar la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que permitiría a la jefa del Estado el ejercicio del cargo por medios digitales cuando viaje al extranjero, resulta de la mayor importancia que el pleno del Congreso, en segunda votación, anteponga los intereses de la nación sobre los intereses políticos coyunturales y analice con mucha atención la imperiosa necesidad de que la presidenta Dina Boluarte pueda desplazarse al extranjero para participar en determinados eventos internacionales que requieran indefectiblemente su presencia. Más aún cuando la Constitución señala explícitamente que el jefe del Estado conduce la política exterior del país.

Urge este cuidadoso análisis en circunstancias en las que observamos una perversa conducta de los presidentes de México y de Colombia al cuestionar constantemente la legitimidad constitucional de su administración, una incidencia no menor, pues está dirigida a socavar la credibilidad del Gobierno Peruano y su proyección externa, así como a fortalecer la opción violentista de aquellos conglomerados en el interior del país que parecen guardar una cualidad identitaria sin cuestionamientos hacia la figura del exgobernante golpista.

Se celebrarán varias reuniones internacionales importantes en los próximos meses, como la convocatoria del presidente brasileño para una reunión de mandatarios de los países ribereños del Amazonas y la reunión Celac-Unión Europea.

Sin embargo, la participación de la presidenta Boluarte en el 78° período de la Asamblea General de la ONU en setiembre próximo y en la reunión anual de líderes del APEC que se celebrará en San Francisco, EE.UU., en noviembre resulta absolutamente imprescindible.

Ante la Asamblea General de la ONU –el foro mundial más importante–, la presidenta tendrá ocasión de exponer sus objetivos de gobierno y de política exterior. Su asistencia a la Cumbre del APEC es también imprescindible, pues en este foro somos miembros unos pocos países de la región y el Perú será el anfitrión en el 2024, así como por la necesidad de atracción de inversiones y comercio.