Hablemos de reactivación social, por Norma Correa

Luego de una campaña que ha agudizado la polarización, urge construir consensos sobre nuestras prioridades, para responder a los impactos de la emergencia sanitaria y a las desigualdades históricas que afectan a millones. El próximo gobierno enfrentará el reto de equilibrar expectativas con la entrega de resultados concretos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, en particular de los sectores más golpeados por la pandemia.

La reactivación económica ha generado un buen nivel de consenso entre actores políticos, económicos y sociales. Para ello, los gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti implementaron una serie de medidas: atención de la emergencia sanitaria, acceso a créditos para brindar liquidez a empresas y sostener la cadena de pagos, promoción del empleo e inversión pública, soporte a familias vulnerables, así como apoyo a estudiantes de educación superior que enfrentaban el riesgo de interrumpir su formación por dificultades económicas.

Luego de un año y medio del inicio de la emergencia sanitaria, la economía ha empezado a recuperarse (aunque continúa vulnerable a la inestabilidad política), pero enfrentamos enormes desafíos en la agenda social. Casi diez millones de peruanos son pobres monetarios (viven con menos de S/360 al mes), enfrentamos una crisis alimentaria y debemos responder a las brechas educativas generadas por el cierre de escuelas. La enorme complejidad de estos retos amerita el desarrollo de una agenda de reactivación social para responder al impacto adverso de la pandemia en el capital humano, lo cual puede ser una oportunidad para generar puntos de encuentro y promover la cooperación entre las fuerzas políticas, así como movilizar esfuerzos del sector público, privado y la sociedad civil.

La definición de medidas para aterrizar la agenda de reactivación social podrá nutrirse de los avances realizados desde el Estado, así como de experiencias y propuestas de sectores sociales. Entre los temas que pueden considerarse se incluyen: 1) Emergencia alimentaria, con el fin de brindar sostenibilidad a las ollas comunes y fortalecer la atención de comedores populares. 2) Desarrollo infantil temprano, con énfasis en desnutrición, anemia y desarrollo de habilidades. 3) Pobreza, priorizando una mayor articulación entre programas sociales e incluyendo nuevas soluciones para poblaciones que enfrentan vulnerabilidades específicas, como los pueblos indígenas. 4) Juventud, promoviendo el desarrollo de habilidades orientadas a la inserción laboral. 5) Niños y adolescentes, brindado prioridad al retorno gradual, seguro y voluntario a clases.

En un país donde la agenda pública tiende a ser capturada por pugnas políticas, estas ideas pueden contribuir a generar una atención sostenida a la reducción de desigualdades. Desde una perspectiva programática, puede ser útil para brindar sostenibilidad a los resultados alcanzados por las respuestas de política social a la emergencia (intervenciones temporales realizadas en el marco del DU 095-2020), así como a las soluciones generadas por la propia ciudadanía (ollas comunes, acciones promovidas por las iglesias, empresas y grupos de voluntarios). Sigamos promoviendo la necesaria reactivación económica, pero también hablemos de reactivación social.