¿Debilidad o descomposición institucional?, por Walter Albán

En la situación por la que atraviesa el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), tras los escandalosos sucesos ocurridos semanas atrás, no es aceptable que pretendan continuar con el concurso al que se convocó para nombrar a los nuevos juez y fiscal supremos. Dicho concurso, plagado de irregularidades y transgresiones éticas, debe ser suspendido de inmediato, porque sus resultados carecerían de toda legitimidad.

Si otra fuera la situación en el país y contáramos con un Congreso capaz de reaccionar y corregir oportunamente fallas institucionales tan groseras, los actuales consejeros habrían sido ya removidos de sus cargos. Es evidente, sin embargo, que este no es el caso, y será necesario llevar adelante una tarea sostenida para el logro de ese propósito. Así, la iniciativa promovida por varios congresistas para acordar dicha remoción ha dado lugar a otras que pretenden lo contrario: evitar que el Parlamento se ocupe de este engorroso asunto. 

Mientras tanto, el afán de los actuales miembros del CNM por apurar el concurso para proceder a los nombramientos responde más a su interés por afirmarse en el puesto y demostrar al conjunto de magistrados –tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público– que, no obstante lo ocurrido, se encuentran en capacidad de hacer eso y más. Esto incluye, por ejemplo, la evaluación de todos y cada uno de ellos mediante los procesos de ratificación que la Constitución también les encarga.

El mensaje es claro y nada sutil, si consideramos que entre los tres miembros que vienen evaluando en primera instancia a los postulantes se encuentra quien todavía representa al Ministerio Público –a pesar de haber sido fotografiado por un diario local almorzando con un candidato a la Fiscalía de Crimen Organizado–. Ese solo hecho, que constituye falta grave conforme a la Ley Orgánica del CNM, debió dar lugar a su inmediata remoción. El proceso se ventila en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso y se ha dilatado por los procedimientos propios del Legislativo, pero no cabe duda de que habrá de concluir con el cese en el cargo de quien ha demostrado, con creces, no ser digno del mismo.

No podemos permanecer impasibles mientras la corrupción y la desfachatez avanzan. En Proética –como viene ocurriendo también con otras instituciones–, diariamente recibimos información y denuncias en contra de los distintos consejeros, aumentando nuestra sorpresa acerca de cómo pudieron llegar a ocupar estos cargos. Resulta triste reconocerlo, pero en el Perú de hoy ya no solamente asistimos a una debilidad, sino a una verdadera descomposición institucional.

En estos momentos se lleva a cabo una nueva edición de CADE en Paracas. Como ocurre regularmente en un año previo a las elecciones, los empresarios escucharán las propuestas de los principales candidatos que toman parte en la contienda electoral. ¿Cuánto del discurso hará referencia a compromisos concretos en esta materia? ¿Son acaso ajenas las organizaciones políticas a la debacle del CNM y, asociado a ello, a los problemas de corrupción que atraviesan el Poder Judicial y el Ministerio Público? Ciertamente no, y bien harían quienes participan en este importante espacio de debate en exigirle a los candidatos que asuman su responsabilidad no solamente con el mensaje, sino con hechos y medidas tangibles e inmediatas. Después de todo, son las reformas y el fortalecimiento institucional indispensables para alcanzar el desarrollo, la inversión y el crecimiento. Y estos motores huyen de los sistemas judiciales corroídos por la corrupción y el descrédito. 

Nos encontramos a tiempo de reaccionar, desde la sociedad civil, donde la indignación crece y la movilización avanza. Contamos también con aliados en las instituciones involucradas, como el Poder Judicial, el Ministerio Público o el propio Congreso. Se trata de no dividir esfuerzos por espejismos ideológicos o partidarios, para sumar a una causa común y prioritaria: la defensa de la integridad y los valores éticos. Una lucha tenaz contra la corrupción y la perversión de las instituciones. En suma, una verdadera cruzada por la decencia que, de paso, nos permitiría elevar el nivel de la política en el país.