De la vida extramatrimonial del congresista Darwin Espinoza no estaríamos hablando hoy si no representase un atentado a las arcas públicas subvencionadas por todos nosotros, los peruanos, a quienes una vez más se nos enrostra el poder de esta gentuza –suscribiendo a Carmen McEvoy– a las que el título de autoridad les ha quedado grande.
En tres años como parlamentario Espinoza ha acumulado un rosario de graves cuestionamientos a los que ni Acción Popular ni el Congreso supieron sancionar con sentido de urgencia y que, peor aún, ratificaron que no existe institucionalidad partidaria (hace años que Acción Popular tiene problemas dirigenciales) y sí, por el contrario, mucha tolerancia a la escasez ética de sus representantes. Por ello, si algo pretende esta columna, es recordar frente a quién estamos y por qué el ‘ampay’ de este último domingo en “Punto final” no puede ser una denuncia más pasada por agua tibia. ¿O acaso hemos normalizado el tráfico de influencias como función congresal?
Para transitar de ‘niño’ a ‘infiel descubierto’, Darwin Espinoza se ha valido de elementos vergonzosamente recurrentes en la práctica parlamentaria, como pedir favores a cambio de alianzas que han logrado su supervivencia, ya sea en la apertura de procesos de investigación o en la obtención de beneficios nada menos que de parte del Gobierno. Elementos, todos ellos, que configuran delitos en la administración pública. Aquí pasamos a recordar uno de los primeros casos por los que el Ministerio Público lo investiga: Los Niños, en donde supuestamente un grupo de congresistas negociaban sus votos en contra de la vacancia de Pedro Castillo a cambio de obras en dos sectores: Vivienda y Transportes. No pasó mucho para que “Panorama” difundiera los nexos entre Espinoza y Sada Goray, así como la clara intención de coordinar obras en el sector Vivienda a través de Marka Group. Por si la desfachatez fuera poca, Darwin Espinoza aspira a tener su propio partido político y, desde ya, trabaja en la logística partidaria –claramente con nuestro dinero–, usando fotocopiadoras y despilfarrando nuestros recursos, por lo que la Fiscalía de la Nación también le abrió otra investigación, esta vez por peculado de uso.
Sin embargo, el congresista ha llevado su ‘modus operandi’ a otro nivel con la clara intención de no ser descubierto, no solo por su esposa, sino también por el país entero, y lo ha hecho con la ayuda de la congresista Kira Alcarraz, al parecer ofreciendo su lugar en la Comisión de Ética –una comisión infructuosa para sancionar– a cambio de que esta última parlamentaria contratase a una persona cercana a Espinoza. La fórmula de siempre: “dame que te doy”. ¿Sorprende? De una persona con los antecedentes que hemos descrito líneas arriba, evidentemente no. Lo que no debería dejar de sorprendernos, más bien, es la falta de reacción de los demás parlamentarios. ¿Seguirán siendo cómplices del declive del Legislativo?
Las reacciones de ambos congresistas han sido deplorables. Espinoza, haciendo gala de sus dotes de rufián y matón, eligió amenazar a Renzo Bambarén, el periodista que lo puso en jaque con esta nueva investigación. Por su parte, Alcarraz –después del silencio en el reportaje– salió al frente derrochando vulgaridad con su frase: “yo no voy a estar preguntándole [a su asesora] a quién te levantas y a quién no”. Nos quedan dos años gobernados por esta gente…
Aprovechando que los reflectores están puestos sobre Espinoza, cierro esta columna recordando que nos toca fiscalizar su agenda. Hoy, más que nunca, por sus pretensiones políticas al 2026 y porque usando el populismo pretende ir contra el ordenamiento pesquero. ¿Quién va a impedirlo?