No te conozco, Orozco, por José Ugaz

Efectivamente no conozco al Dr. Ismael Orozco, el ahora ex juez de Huaral que decidió liberar a 29 personas detenidas luego de una investigación que, hasta donde sabemos, ha contado con meses de paciente trabajo de inteligencia por parte de cientos de policías para identificar y ubicar a los presuntos autores de diversos crímenes violentos en el norte chico, entre ellos, sicarios, asaltantes y extorsionadores.

No lo conozco, Dr. Orozco, pero me gustaría saber qué necesitaba Ud. para considerar que una detención se justifica en nuestro actual sistema penal. ¿Acaso ‘the smoking gun’ (el arma humeante como dicen los anglosajones) en la mano del asesino? Todo indica que en su criterio sobre la proporcionalidad no bastan las escuchas telefónicas en las que los maleantes describen sus fechorías, ni el resto de pruebas que, pese a que fueron admitidas como válidas, no resultaron suficientes para disponer que se ponga a buen recaudo a los que la fiscalía y la policía han considerado altamente sospechosos de ser autores de graves crímenes e integrantes de una banda que viene asolando el norte del país.

No lo conozco, Dr. Orozco, pero me preocupa que haya Ud. actuado movido por el temor a las represalias de delincuentes prontuariados, o con la desidia burocrática de la salida fácil para no crearse problemas, o, peor aun, por incentivos ilegales. Sea cual fuere el caso, parece que la delicada tarea de administrar justicia le quedó grande. La detención, cuando existen pruebas que acreditan la relación del sospechoso con crímenes graves que concurren con un pronóstico de fuga o entorpecimiento de la actividad probatoria, es una excepción legítima a la presunción de inocencia. ¿Lo sabía? 

Pese a que no lo conozco, Dr. Orozco, me resulta obvio que pertenece a ese grupo de operadores de justicia a quienes no les basta que la víctima de una agresión se encuentre inconsciente en un hospital, desfigurada y en cuidados intensivos, para detener al agresor; o que la brutal golpiza esté claramente documentada en un video. Nada es suficiente cuando no se quiere ver lo evidente, en este caso, que el problema de la inseguridad ciudadana es el que más preocupa y afecta a los peruanos.

El problema es que los jueces son una pieza fundamental en la cadena de la respuesta estatal al crimen. Si no actúan responsablemente, de nada sirve el esfuerzo de las instancias previas para procurar poner a los delincuentes peligrosos fuera de circulación. Ante un caso similar, hace 10 años, el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi –incurriendo en abierto desacato–, desobedeció la orden de un juez que disponía enviar a su casa a un par de avezados criminales integrantes de la banda del tristemente célebre ‘Momón’. Decisiones arbitrarias como la del Dr. Orozco fomentan el caos, llegando a poner en cuestión el cumplimiento de la ley cuando se advierte que carece de justicia y de razón. Nos empujan a la ley de la selva.

Pero aunque no lo conozco, Dr. Orozco, sé que no solo es su culpa. Lo ocurrido es expresión de un sistema de justicia que hace agua por varios lados. Resulta incomprensible que las reglas de la justicia permitan que de pronto un abogado privado, sin formación como decisor judicial, sea reclutado como juez bajo el rimbombante eufemismo de supernumerario. ¿Quién y cómo se elige a estos abogados súbitamente metidos a jueces? ¿Qué formación se les exige o proporciona para ejercer la tarea de juzgar? 

Este caso es una muestra más de la necesidad de realizar una reforma estructural del sistema de administración de justicia en el Perú. Son problemas álgidos el inadecuado sistema de elección y control de los magistrados (empezando por el Consejo Nacional de la Magistratura), la sobrecarga judicial, la falta de transparencia institucional y las redes corruptas agazapadas en todas las cortes. Esperemos que el Acuerdo Nacional por la Justicia sea por fin el comienzo del cambio.