Condena al terror y atención a las víctima, por Ramón Barúa Alzamora*

La muerte del terrorista Abimael Guzmán ha generado, con justicia, una condena unánime a su persona y a su proyecto político criminal, que cobró miles de vidas. Frente a ello, es bueno preguntarse qué ha hecho el Perú para acoger y aliviar el daño causado por Sendero Luminoso.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) fue una primera respuesta. Sus 18 mil testimonios fueron la base fundamental del relato que se le presentó al país en el 2003. Este ejercicio puso en el centro la voz de quienes sufrieron la violencia e instaló en la agenda nacional la obligación de atender su dolor.

En el 2005, el Estado creó el Plan Integral de Reparaciones para atender las secuelas de la violencia en personas, familias y comunidades, y le delegó a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) coordinar su implementación.

Para identificar a los beneficiarios, se creó el Consejo de Reparaciones. La calidad y rigor de su trabajo le ha valido el reconocimiento de la Unesco, que ha incorporado su archivo dentro del Programa Memoria del Mundo.

Todo esto ha permitido avanzar en la atención de las más de 230 mil personas inscritas en el Registro Único de Víctimas. No se trata solo de la reparación económica entregada a más de 86 mil personas (que se encuentra en un 97% de avance), sino también del acceso a programas de salud, vivienda y becas para estudios superiores, una modalidad que ha beneficiado a cerca de 4.000 personas.

Posteriormente, el Estado asumió la tarea de guardar y difundir lo ocurrido, una labor que cumple con singular dinamismo el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). Su muestra permanente, las exposiciones temporales, las decenas de eventos académicos y culturales buscan mantener viva una reflexión sobre lo vivido y extraer conclusiones para el presente y el futuro.

El hito más reciente ha sido la creación de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tiene la responsabilidad de investigar el destino de los desaparecidos entre 1980 y el 2000, y cuya tarea es determinar la suerte de más de 19 mil peruanos con paradero desconocido, recuperar sus restos y entregarlos a sus familiares.

Este recuento muestra que el país ha intentado atender los daños causados por el terrorismo. Más allá de los necesarios balances sobre estos programas, interesa resaltar que fueron posibles porque la voz de las víctimas se mantuvo al centro. La vigencia de esta tarea solo indica que, como nación, aún es fundamental acompañar esos testimonios de dolor y su enorme capacidad para transformar la muerte en vida.

*El autor fue miembro del Consejo de Reparaciones.