¿Caso cerrado?, por Juan José Díaz Dios

Luego de renunciar Víctor Andrés García Belaunde a la presidencia de la Comisión López Meneses, por reunirse en secreto con el presidente de la República, me vino a la mente un dicho usado en la tauromaquia: “La cornada ni se busca ni se rehúye, simplemente se asume como un riesgo inherente al oficio”.

Las cornadas no tardaron en llegar. Luego de una serie de ataques de parlamentarios oficialistas y sus satélites, finalmente fui designado presidente el 8 de enero. De inmediato tomamos al toro por las astas y comenzamos una serie de reclamos a fin de obtener la logística para iniciar el trabajo encomendado. La oficina vacía que nos asignaron quedó en anécdota.

Nos propusimos recuperar el tiempo perdido y tuvimos que tomar una decisión difícil: ¿Debían ser nuestras sesiones públicas o reservadas? Luego del debate, se optó por lo segundo. Había quedado claro que en esta primera etapa, a la que denominamos indagatoria, no tendríamos titulares, pero sí identificaríamos las contradicciones consideradas claves.

Así lo hicimos y no nos equivocamos. Ayer logramos la aprobación de un documento interno de trabajo con el que concluimos esta primera etapa con la calificación de los actores como investigados o testigos. Además, aprobaremos el uso de los apremios de levantamiento del secreto bancario, de la reserva tributaria y del secreto de las comunicaciones a un aproximado de 20 personas. Todo esto con el más absoluto respeto al derecho de defensa y debido proceso, a fin de no repetir el papelón que sufren los informes de la llamada megacomisión.

Ya con el panorama claro e identificadas las contradicciones más importantes, propondré que en la segunda etapa las sesiones sean públicas, como una garantía ante futuros obstáculos que ya advertimos venir aprovechándose de la reserva de las sesiones.

Debe quedar claro que ni el Congreso ni la fiscalía han resuelto todavía este caso; sin embargo, todos los peruanos escuchamos al presidente Ollanta Humala decir que el Ejecutivo ya lo resolvió y que hasta identificaron quién dio la orden. Siendo esto así, resulta necesario que la comisión se entreviste con él para preguntarle, entre otras cosas: ¿Quién tuvo a cargo esa investigación? ¿Cuáles son los elementos probatorios? ¿Cuál es la lista de denunciados por el Poder Ejecutivo ante el Poder Judicial? ¿Cómo se llama esa persona que dio la orden? ¿Qué se custodiaba en esos inmuebles?

Estamos parados con firmeza para capear las cornadas que buscan frustrar esta diligencia. Todos los peruanos merecemos saber lo que de momento solo Humala sabe. Sí, solo Humala porque esas respuestas no las tienen ni sus ex ministros Calle, Pedraza y Albán.

Ya cursamos comunicación al premier solicitando nos informe el lugar, día y hora en que el presidente Humala nos recibirá. Espero no verme en la necesidad de citar a Ana Jara, para que responda personalmente lo que ni ella ni su antecesor han querido responder por escrito.

Vale la pena recordar que Humala justificó su reunión secreta con García Belaunde en su ánimo de colaborar con las investigaciones. No podemos olvidar, por cierto, la grosera contradicción sobre quién fue el que solicitó la cita.

Finalmente, hasta que todo el Perú sepa la verdad, el caso de López Meneses no está cerrado, señor presidente.