“No es un antojo, es una necesidad”, por Rosangella Barbarán

El inciso 2, del Artículo 113 de la Constitución Política establece que la Presidencia de la República vaca por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso.

A lo largo de los últimos ocho meses, esta es la segunda oportunidad en la que nos encontramos en una situación donde se debe evaluar la posibilidad de vacar al presidente Pedro Castillo Terrones.

Esta situación no deviene de un capricho, ni un antojo, ni de sueños vacatorios de un grupo de organizaciones políticas de oposición. Es producto de un conjunto de sucesivos actos e irregularidades que en muy corto tiempo el Gobierno ha venido perpetrando, y que han merecido que el Ministerio Público haya iniciado varias investigaciones por la presunta comisión de delitos de corrupción, tráfico de influencias, organización criminal, colusión, entre otros bochornosos actos de los cuales hemos sido testigos todos los peruanos.

Nunca en nuestra historia, habíamos visto que se produzcan reiteradas diligencias de la fiscalía dentro del Palacio de Gobierno. Tampoco habíamos observado la designación de altos funcionarios cuestionados por terrorismo, falsedad genérica, maltrato contra las mujeres y ahora hasta por homicidio, junto a otros graves delitos que se les han imputado a varios de los ministros, exministros y demás funcionarios que ya en cuatro gabinetes ha tenido este Gobierno.

De igual forma, nohabíamos presenciado que un presidente sea capaz de afirmar que está dispuesto a someter a referéndum la entrega de territorio peruano en beneficio de otro país, como lo hizo el señor Castillo a favor de Bolivia. También es pernicioso pretender confundir al pueblo de que sus declaraciones se han tergiversado, o que ello ya ha ocurrido antes, cuando solo se dio una concesión temporal para uso comercial a Bolivia, sin entrega de soberanía, como es el caso de Boliviamar en Moquegua.

Pero las circunstancias más graves, cuestionables y sobre las que no tenemos explicaciones suficientes son aquellas que vinculan al presidente en reuniones clandestinas con lobistas y empresarios de dudosa reputación que milagrosamente han sido beneficiados con suculentos contratos en obras públicas que representan cientos de millones de soles en favor de su club de amigos y en perjuicio de todos los peruanos.

Los hechos y evidencias están ahí, son visibles, objetivos y de conocimiento público. Son estas circunstancias las que generan una fuerte afectación a la integridad moral del presidente y a su capacidad para seguir gobernando, son esas las causas que hacen viable aplicar la vacancia por incapacidad moral. No debemos olvidar que esta causal no está sometida a un proceso judicial previo, sino que es un juicio de naturaleza política en el cual se evaluará y determinará la idoneidad moral del gobernante para ejercer sus funciones.

Es menester, por tanto, en defensa de los intereses del pueblo, aplicar la sanción correspondiente conforme a los cauces constitucionales que el Estado democrático de derecho nos otorga.